Reclamo sindical por Igualdad en protocolo toxicológico en el municipio
El protocolo en cuestión fue diseñado y aprobado sin la participación de los sindicatos, desatando una protesta de los gremios municipales. Desde el Ejecutivo intentaron calmar la situación asegurando que las pruebas obligatorias no se implementarían hasta completar un proceso informativo en todas las dependencias municipales.
Sin embargo, Soyem argumenta que la exclusión de los funcionarios políticos de estas pruebas crea una disparidad injusta. "La enfermedad de consumo problemático afecta a todos los estratos y niveles de jerarquía sin discriminar", expresaron desde el sindicato. El área de Recursos Humanos respondió a las quejas advirtiendo que cumplir con los pasos previos a las pruebas llevaría al menos seis meses. Esto significa que la aplicación de la ordenanza recaería en la próxima gestión, encabezada por Rodrigo Buteler.
El sindicato llevó su reclamo al Concejo Deliberante, solicitando una modificación en el texto de la ordenanza para que todos los empleados, incluyendo a los funcionarios políticos, estén sujetos a las pruebas de consumo de alcohol y drogas. Argumentan que esto garantizaría igualdad en la aplicación de las disposiciones para todos los integrantes de la Municipalidad, evitando cualquier forma de discriminación o privilegio.
La ordenanza actual permite al Ejecutivo despedir sin indemnización a cualquier empleado que arroje resultados positivos en más de una ocasión, excluyendo a las autoridades de estas pruebas obligatorias. Para Soyem, esto constituye una discriminación evidente y una diferenciación injusta entre los trabajadores municipales. La atención ahora se centra en la respuesta del Concejo y en cómo se resolverá esta tensa situación que involucra tanto a empleados como a funcionarios políticos en el ámbito municipal.