Toma de tierras persiste tres años después de la orden de desalojo
Tres años después de que la Justicia emitiera una orden de desalojo para una toma de tierras en Cipolletti, la situación no solo persiste sino que se agrava, con denuncias de crecimiento, ventas ilegales de lotes y presiones a los actuales ocupantes. La familia propietaria de las tierras alerta sobre la falta de acción para ejecutar la orden de desalojo, mientras la Justicia sostiene que la responsabilidad recae en la Policía.
En 2020, la Justicia ordenó el desalojo de una toma de tierras cercana al Parque Industrial de Cipolletti. Sin embargo, hasta la fecha, la medida no se ha concretado, permitiendo que la ocupación ilegal persista y crezca. La familia propietaria denuncia que, lejos de disminuir, la toma se expande, y esta semana detectaron movimientos de suelo con maquinaria para la construcción de más viviendas.
Este conflicto se suma a otros antecedentes en la ciudad, como el caso del Barrio Obrero, donde órdenes de desalojo previas no se llevaron a cabo, y el Municipio optó por acompañar la urbanización. Sin embargo, la posibilidad de permitir que nuevas tomas se conviertan en barrios fue descartada.
La Justicia, ante las denuncias de la familia propietaria, señala que la concreción del desalojo depende de la Policía, implicando una decisión política que hasta ahora no se ha materializado. Otro intento de desalojo en una toma al sur de la Ruta 22 también fracasó, ya que las familias resistieron y la Policía se retiró.
Fuentes cercanas a la causa revelan que la Fiscalía cipoleña asegura tener relevados a todos los habitantes de la toma, pero surgen discrepancias, ya que se informa de la llegada de nuevas familias y de la partida de otras. Además, se denuncian ventas ilegales de lotes y cobros indebidos por parte de grupos, generando un clima de incertidumbre en la comunidad.