El TSJ rescindió el contrato con la UTE que construía el edificio Judicial de Cipolletti

El Tribunal Superior de Justicia resolvió rescindir el contrato con la UTE encargada de la construcción del Complejo Judicial de nuestra ciudad por las enormes demoras que acumula en el ritmo de obra. “La contratista registró un avance mensual del 0.8 por ciento y la obra se encuentra en estado de parálisis parcial, casi total”, advirtieron desde la cabeza del Poder Judicial rionegrino.

Durante este 2023 el avance mensual promedio fue del 0,8 por ciento, por lo que a este ritmo el edificio estaría terminado recién dentro de tres años. El contrato firmado en 2019 establecía que debía terminarse para el 27 de noviembre de este año. Pero las constructoras Pecam y Dinale estuvieron muy lejos de cumplir con el compromiso.

Un informe del área de Infraestructura y Arquitectura Judicial apuntó que la obra comenzó el 11 de diciembre de 2019, y tenía un plazo de ejecución de 900 días corridos. Los cálculos demostraron que en los últimos 12 meses se realizó un avance de apenas el 10.5 por ciento, lo que indicaría un promedio mensual del 0.8 por ciento.

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La obra tiene un avance total del 67.2 por ciento con una fecha de finalización prevista para el 27 de noviembre de este año. En comparación, si se le permite a las empresas mantener el ritmo del 0.8 por ciento mensual, se necesitarán más de tres años para inaugurar el Complejo Judicial de Cipolletti.

El Poder Judicial tiene a cargo la ejecución del contrato y para ello designó tres inspectores de obra que tienen asiento de sus funciones en el Complejo. Durante todo este tiempo se cursaron numerosas intimaciones y aplicaron cuatro multas por la falta de apego a los trabajos y tiempos de ejecución pautados.

Hubo, además, numerosas reuniones con personal jerárquico y profesionales de la unión transitoria de empresas en la búsqueda de reencauzar la obra y conservar el contrato.

El Poder Judicial en reiteradas oportunidades exigió la incorporación en obra de un equipo técnico profesional acorde a la envergadura de la intervención y compromisos asumidos, cuestión que nunca se materializó.

A la falta cuantitativa de profesionales y responsables técnicos se le sumó el continuo recambio por parte de la contratista. Pasaron por la obra un total de 22 profesionales entre ingenieros y arquitectos (cinco coordinadores, siete jefes de obra y siete sobrestantes), con un máximo de tres profesionales en simultáneo solo en algunos escasos periodos de la ejecución de la obra.

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Se cambiaron también siete capataces de obra. En relación a los subcontratistas se produjo un recambio constante. Hubo un total de 34 empresas subcontratistas para los diferentes rubros.

Cada recambio trajo consigo la imposibilidad de establecer una continuidad técnica en la secuencia y criterios acordados para con la obra.

El contratista demostró un desapego en los plazos establecidos para la ejecución de la obra, con incumplimientos recurrentes en los planes de trabajos aprobados.

En contraposición, el Poder Judicial canceló en tiempo y forma los Certificados de Avances que fueron aprobados y los respectivos ajustes de precio con aplicación de la fórmula para su redeterminación establecida en la legislación provincial vigente.  Además, mantuvo de forma permanente a los profesionales asignados: un arquitecto y una arquitecta, un ingeniero civil y un técnico electrónico. Todos ellos abocados exclusivamente al seguimiento y control de la ejecución con un continuo refuerzo para cubrir falencias de la contratista.