Imputaron a la ex tesorera municipal por peculado y administración fraudulenta

La jueza Agustina Bagniole decidió elevar a juicio la causa penal contra la ex tesorera municipal, María Laura Illesca, por los delitos de administración fraudulenta y peculado. Según la acusación fiscal, mediante 32 operaciones contables, la imputada pudo desviar fondos del erario de la municipalidad de Cipolletti hacia una cuenta de la que era co titular.

Según la pericia contable ordenada por la gestión municipal y que se agregó como constancia, entre mayo del 2022 y mayo de este año, Illesca logró desviar 11 millones de pesos, a valores actualizados al 31 de agosto pasado. Además de la elevación a juicio, la magistrada dispuso la prohibición de salir del país durante los próximos cuatro meses y la obligación de someterse a proceso.

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Illesca es una empleada administrativa de la municipalidad con más de 20 años de antigüedad en el ámbito contable. En ese rol, había sido designada subtesorera y tras la renuncia de su anterior titular por cuestiones de salud, confirmada como Tesorera por el Concejo Deliberante. Según la acusación, las diferentes maniobras se fueron realizando en forma “aviesa y con abuso de confianza”, por montos “arbitrarios” y menores para no generar sospechas, considerando el volumen de dinero que se maneja en el quehacer cotidiano municipal.

La ex Tesorera utilizaba la excusa del pago de comisiones bancarias para justificar la emisión de las órdenes de pago y las transferencias. Sin embargo, una auditoría posterior encontró dos irregularidades: las autorizaciones no contaban con la firma de la Contadora Municipal; y por otro lado, los bancos descuentan automáticamente sus comisiones de las cuentas corrientes que administran sus clientes.

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Al descubrirse la maniobra y ante la intimación realizada por sus superiores, Illlesca envió una nota a la secretaría de Hacienda afirmando que se trataba de un error administrativo y afirmaba que iba a ser reparado. No alcanzó a convencer a las autoridades municipales, que iniciaron el proceso de investigación interna y ordenaron su desplazamiento preventivo.

En septiembre de este año, el Concejo Deliberante la removió de su cargo en forma definitiva. Está pendiente la decisión de la Junta de Disciplina de la municipalidad, que analiza su responsabilidad y las posibles sanciones como empleada de planta permanente.