El STJ le reclama $ 214 millones a las empresas que construían el edificio en Cipolletti

En octubre, el Superior Tribunal de Justicia comunicó la rescisión del contrato con las dos empresas que estaban construyendo el moderno edificio judicial en Naciones Unidas y Teniente Ibáñez de nuestra ciudad. El motivo: las más que ostensibles demoras que se venían registrando en el ritmo de obra. Ahora le reclama la devolución de 214 millones de pesos que le había girado para llevar adelante trabajos que nunca se realizaron.

El máximo organismo del Poder Judicial rionegrino requirió a las empresas Dinale y Pecam la devolución de los anticipos ajustado al mes de agosto, más una multa de 43 millones de pesos por el incumplimiento de los pedidos de reprogramación de obra y de retomar el ritmo de trabajos.

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Al momento de efectivizar la rescisión del contrato (18 de octubre pasado), la obra llevaba un avance total del 67.2 por ciento.  La fecha de terminación estaba prevista para el próximo 27 de noviembre de este año. Pero como las dos empresas venían avanzando a un ritmo de apenas el 0,8 % mensual, desde el STJ se estimó que “se necesitarán más de tres años para inaugurar el Complejo Judicial de Cipolletti”.

El Poder Judicial tiene a cargo la ejecución del contrato y para ello designó tres inspectores de obra que tienen asiento de sus funciones en el Complejo. Durante todo este tiempo se cursaron numerosas intimaciones y aplicaron cuatro multas por la falta de apego a los trabajos y tiempos de ejecución pautados.

El Poder Judicial en reiteradas oportunidades exigió la incorporación en obra de un equipo técnico profesional acorde a la envergadura de la intervención y compromisos asumidos, cuestión que nunca se materializó.

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A la falta cuantitativa de profesionales y responsables técnicos se le sumó el continuo recambio por parte de la contratista. Pasaron por la obra un total de 22 profesionales entre ingenieros y arquitectos (cinco coordinadores, siete jefes de obra y siete sobrestantes), con un máximo de tres profesionales en simultáneo solo en algunos escasos periodos de la ejecución de la obra.

Por su parte, las empresas adujeron que la inestabilidad económica de los últimos meses impactó en su estructura de costos. Y enfatizaron que las actualizaciones efectuadas desde el Poder Judicial no reflejaban la realidad de ese momento.