Formularon cargos por el crimen ocurrido en barrio Colonia Rural Nueva Esperanza
El hecho ocurrió en la madrugada del 31 de enero y recientemente se llevó adelante la audiencia de formulación de cargo a M.E.H, quien quedó imputado en la causa por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.
Fue la fiscal del caso Silvia Moreira quien formuló cargos al único detenido por el homicidio de Aníbal Rodolfo Vides, en un sector del loteo social del barrio Colonia Nueva Esperanza de Neuquén.
La representante del Ministerio Público Fiscal le atribuyó ser el autor del disparo que mató a la víctima, luego de que este último mantuviera un enfrentamiento con el acusado. Según relató de la fiscal, en el lugar se recolectaron vainas servidas de distintas clases, pero en el sector en el que fue visto el imputado, sólo del calibre 22.
La teoría de la fiscalía es que el hecho ocurrió entre la 1 y la 1:30, en una calle interna del sector loteo social de la meseta; aunque el conflicto había comenzado horas antes, entre las 22 y las 22:30.
Fue en la madrugada que la víctima, junto a un grupo de personas, se dirigió a la casa del acusado a recriminarle que estaba al frente de una iniciativa para echarlo del barrio. Luego, el imputado, también acompañado por un grupo de personas, se dirigió a la casa de la víctima y se produjo un enfrentamiento con armas de fuego.
La funcionaria judicial explicó que, tras los disparos iniciales, el grupo del imputado retrocedió hasta la casa de este último, quien se ubicó tras un montículo de tierra y disparó. Allí fue visto por testigos y en ese lugar se encontraron las vainas calibre 22, el mismo de la bala que se extrajo del cuerpo de la víctima durante la autopsia. Tras recibir el disparo, Vides fue trasladado al hospital por un familiar, aunque finalmente murió.
Moreira, quien asistió a la audiencia junto al asistente Letrado Pablo Jávega, encuadró lo ocurrido en el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, en carácter de autor (artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal).
Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por formulados los cargos y fijó el plazo de la investigación en 4 meses.
La fiscal del caso precisó que el acusado posee una condena de ejecución condicional que debía agotar en diciembre de 2024, también por delitos relacionados con el uso de armas. Apuntó que esa condicionalidad, en caso de ser nuevamente condenado, deberá revocarse, y argumentó que el acusado tampoco se someterá al proceso actual.
Ese riesgo procesal, sumado a la posibilidad de amedrentar o influir a vecinos y vecinas que vieron lo ocurrido y que en declaraciones ante la fiscalía manifestaron tener temor, fueron las razones por las que Moreira pidió al juez de garantías que imponga 4 meses de prisión preventiva al imputado.
El magistrado convalidó los riesgos procesales planteados por la fiscal, pero consideró que una detención domiciliaria alejada del barrio y con controles electrónicos, además de una prohibición absoluta de contacto respecto de testigos y la familia de la víctima, serán suficientes para contrarrestarlos. El juez la impuso por 4 meses, pero la fiscal Moreira solicitó revisar esa decisión ante otro tribunal en los próximos días.