El Gobierno oficializó la desregulación aerocomercial
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 599/2024 publicado recientemente, ha dado inicio a un cambio histórico en el sector aerocomercial argentino. La nueva reglamentación aprobada tiene como objetivo principal promover la diversidad de operadores en el mercado, eliminando trabas que han estado vigentes desde hace décadas.
Una de las principales modificaciones impacta en las autorizaciones aerocomerciales para operar en territorio argentino. Estas autorizaciones permitirán a las aerolíneas llevar a cabo actividades de transporte aéreo de pasajeros y cargas, tanto a nivel nacional como internacional, de forma regular o no regular.
La iniciativa también busca permitir que haya más operadores de rampa, brindando a cada aerolínea la libertad de elegir la empresa que le proveerá el servicio. Esta medida representa un quiebre con la exclusividad que hasta el momento tenía Intercargo, permitiendo a aerolíneas como Flybondi y American Airlines realizar servicios de forma autoprestada.
Además, se posibilitará a las aerolíneas realizar contratos de manera libre, eliminando las limitaciones previas y requiriendo únicamente la aprobación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para su implementación.
El Gobierno ha establecido una serie de principios que regirán la actividad, entre los que se encuentran el acceso al mercado para nuevos operadores, el estímulo a la competencia entre los distintos explotadores, la desregulación tarifaria, la vigilancia operacional continua y la libertad en la fijación de frecuencias, entre otros.
Asimismo, se han incluido incentivos para la creación de nuevas rutas y operaciones, el acceso justo a los servicios comunes aeroportuarios y la implementación de indicadores de monitoreo para evaluar la eficiencia operacional. Estas medidas buscan garantizar la transparencia y la competencia en la industria aeronáutica.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, instruye a las autoridades a garantizar los principios de libre mercado y competencia, evitando conductas monopólicas que puedan perjudicar el sector.