Formularon cargos por amenazas coactivas y privación de la libertad al matrimonio torturador
Un varón y una mujer fueron acusados por el asistente letrado Emilio Briguglio, quien en una audiencia realizada les formuló cargos por haber retenido contra su voluntad y ejerciendo violencia a una pareja para exigirle la entrega de dinero. Las dos personas imputadas deberán cumplir prisión domiciliaria por cuatro meses, mientras avanza la investigación. El juez de garantías que tuvo por formulados los cargos y dispuso la detención domiciliaria.
La teoría del caso de la fiscalía es que los hechos comenzaron el 16 de julio, cerca de las 15, cuando la víctima, un varón que se desempeña en tareas de albañilería, se encontraba en su lugar de trabajo. Allí lo pasó a buscar otro varón, el contratista para el que trabajaba y que le facilitaba una habitación para que viviera junto a su pareja y sus dos hijos.
Más tarde, sin que la víctima pueda precisar el momento en concreto, pero cerca de la medianoche, el imputado, L.M.F.T, detuvo la marcha para que subiera otra persona, y juntos lo ataron y comenzaron a golpearla, mientras le exigían la entrega de una suma de dinero. La persona que había subido al vehículo, L.M.C.E, es la pareja del imputado.
Juntos, llevaron a la víctima a la casa en la que le permitían vivir junto a su familia en Plottier y, una vez allí, le exigieron a su pareja que saliera de la habitación y la ataron a una silla. Con la mujer inmovilizada, continuaron golpeando al albañil y lo lesionaron utilizando herramientas y un cuchillo caliente, siempre con la exigencia de que les entregara dinero. Recién cuando accedieron a entregar un terreno que poseen en esa ciudad neuquina les permitieron irse del lugar y refugiarse en la casa de familiares, en Neuquén.
La Fiscalía calificó provisoriamente la conducta desplegada por el varón y por la mujer como amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravada por haberse cometido con violencia y amenazas, en carácter de coautores.
Por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, en función de la conducta que desplegaron las dos personas acusadas, y para proteger a las víctimas, la fiscalía solicitó la prisión domiciliaria por cuatro meses y la prohibición total de contacto respecto de víctimas y de su grupo familiar. Sin oposición de la defensa, el juez convalidó ambos planteos.