El Gobierno recortó el programa que protegía a las víctimas de violencia de género

En una controvertida medida adoptada el pasado lunes 26 de agosto de 2024, el gobierno liderado por Javier Milei implementó un severo recorte al programa "Acompañar", una iniciativa crucial destinada a brindar protección y apoyo a las mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+ víctimas de violencia de género. Este nuevo ajuste no solo modifica los requisitos de acceso, sino que también reduce a la mitad el tiempo de asistencia brindada por el programa.

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El decreto 755/2024, firmado por el presidente Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia de la Nación Mariano Cúneo Libarona, indica que ahora las víctimas deberán cumplir con condiciones más rigurosas para ser aceptadas en el programa. Asimismo, la duración de la ayuda económica, que antes era de seis meses, pasará a ser de solo tres meses.

El programa "Acompañar" se había establecido con el objetivo de fortalecer la independencia económica de las víctimas de violencia de género para evitar que se vean obligadas a permanecer con sus agresores. La ayuda económica proporcionada era equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil, y estuvo vigente durante seis meses consecutivos hasta la implementación del nuevo decreto. Además, el programa ofrecía acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial en coordinación con los gobiernos provinciales y locales.

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"Acompañar" había sido originalmente creado por el extinto Ministerio de la Mujer, el cual fue reemplazado por una subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad. No obstante, esta entidad fue disuelta por el gobierno de Milei el pasado junio, en una decisión que generó cuestionamientos y rechazo por parte de numerosos sectores.

Para acceder al programa hasta este lunes, las víctimas solo necesitaban presentar un informe social emitido por un dispositivo de atención local, provincial o de CABA. No obstante, con la nueva normativa, se requerirá además la presentación de una denuncia judicial o policial, lo cual podría exponer nuevamente a las víctimas a situaciones de vulnerabilidad.

Esta medida se considera por expertos como un obstáculo adicional que podría desincentivar a las personas afectadas a solicitar la ayuda requerida.