La fiscalía pidió confirmar la condena a cadena perpetua a Pablo Parra
En la audiencia de impugnación por el femicidio en el que resultara víctima Agustina Fernández, la defensa del acusado presentó ocho agravios y solicitó que el juicio por jurados y el veredicto de culpabilidad fueran declarados nulos. Por otro lado, la fiscalía y la querella pidieron que se confirme la sentencia a prisión perpetua.
Al abrir la exposición, la defensa enumeró varias razones por las cuales creían que el juicio debe ser declarado nulo. La primera fue que la acusación de la fiscalía y la querella careció de precisión, y además, acusaron que ambas partes escondieron información clave para la defensa. Otro punto relevante fue el pedido de prórroga de jurisdicción de instancias previas. Según la defensa, el juicio no debería haberse llevado a cabo en Cipolletti, ni que el jurado fuera conformado por residentes de la misma ciudad.
Cinco de los ocho agravios bordearon la producción de prueba. Los defensores alegaron que se utilizó información obtenida desde la declaración del imputado sin respetar su derecho a mantenerse en silencio. También destacaron que los familiares del acusado proporcionaron datos ignorando su derecho a no declarar. Consideraron que las declaraciones de una ex pareja del imputado y un perito criminalístico de la querella eran inadmisibles, y que una pieza de tela azul con ADN del acusado fue incluida injustamente por estar contaminada.
La defensa concluyó argumentando que el veredicto es inválido al contradecir la prueba presentada en el debate, solicitando a su vez que se revoque la sentencia y se realice un nuevo juicio bajo las condiciones previamente indicadas.
En respuesta, la fiscalía y la querella rebatieron cada uno de los agravios y pidieron el rechazo del recurso solicitado, reclamando además la confirmación de la condena a prisión perpetua. Alegaron que en ningún momento la defensa solicitó nuevas pruebas ni preparación para el contraexamen, adviertiendo que no se entrevistaron con testigos anteriormente.
Sobre la materia de la sede del juicio y el jurado, destacaron la imparcialidad en la selección de los mismos. Explicaron que cada potencial jurado fue evaluado mediante un formulario con más de cien preguntas para identificar posibles prejuicios contra el acusado. Alegaron que varios jurados fueron recusados o dispensados debido a posturas preconcebidas alimentadas por informaciones en redes y medios digitales.
En cuanto a la información proporcionada por el acusado, aseguraron que dicho contenido surgió de un contexto en el que inicialmente, él reportó un robo en su residencia que dio pie a la agresión hacia Agustina. En su declaración espontánea mencionó un viaje planeado a San Martín de los Andes y posibles disputas con una ex pareja, aspectos que también fueron corroborados por otros testigos y pruebas objetivas como registros de llamadas telefónicas.
Respecto a las pruebas señaladas por la defensa, la fiscalía y la querella defendieron la procedencia y fiabilidad de cada testimonio e índico que todas las pruebas son esenciales a la hora de esclarecer el caso. Rechazaron los planteamientos de la defensa y pidieron continuar con la sentencia condenatoria.
Al último agravio acerca del veredicto, se estableció que cualquier anulación solamente sería viable en casos de "veredicto imposible". Recordaron que la evaluación por parte del jurado popular no sigue los mismos criterios que la de los jueces profesionales, y el hecho de no fundamentar su decisión no equivale automáticamente a nulidad.
Para cerrar, la fiscalía y la querella reiteraron los fundamentos y pruebas que sostenían su teoría del caso. El fiscal jefe subrayó que la defensa confió en su prueba para sembrar la duda, pero el jurado no le dio crédito y resolvió declarando la culpabilidad del acusado. En resumen, insistieron en que se rechace el recurso de la defensa y se confirme la condena.
El Tribunal de Impugnación ha indicado que darán resolución dentro del plazo legal de veinte días hábiles.
El trágico evento que se investiga ocurrió el 2 de julio de 2022 en Cipolletti. En mayo del presente año, un jurado popular encontró culpable al acusado de femicidio. Se consideró que él asesino a la víctima agrediéndola gravemente al interior del departamento que alquilaba en la calle Confluencia 1300 de Cipolletti. Posteriormente, en la audiencia de cesura, se decidió imponerle la pena máxima de prisión perpetua.