UNIVERSIDADES
Ley de Financiamiento Universitario: cómo votaron los diputados
A pesar de una movilización masiva en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad la semana pasada, el veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue ratificado en la Cámara de Diputados. El resultado de la votación fue de 160 votos a favor del veto presidencial, 84 en contra y 5 abstenciones. Esta ley, que buscaba ampliar el presupuesto para las universidades nacionales y actualizar los salarios de sus trabajadores, había sido previamente aprobada por ambas Cámaras del Congreso, pero el Ejecutivo decidió vetarla.
La sesión de la Cámara Baja comenzó minutos después de las 11 de la mañana con la asistencia de 145 legisladores, extendiéndose el debate por más de cuatro horas. Los votos afirmativos avalaban la decisión del Ejecutivo, mientras que los votos negativos se alineaban con la sanción original de la ley. Alcanzar dos tercios de los votos era crucial para dejar sin efecto el veto, pero no se logró este número.
Durante el debate, la presión se incrementó con manifestaciones de movimientos estudiantiles y partidos políticos, que se reunieron frente al Congreso Nacional en respaldo a rechazar el veto presidencial. Un operativo de seguridad robusto mantuvo cerradas las calles adyacentes. Organizaciones estudiantiles de diferentes facultades de varias universidades unieron al esfuerzo, organizando asambleas y votando a favor de ocupar las sedes universitarias durante dos días.
Por su parte, los sindicatos del sector no aceptaron el aumento salarial del 6,8 por ciento propuesto por el Ministerio de Capital Humano, considerándolo insuficiente. A pesar de las objeciones, desde la Casa Rosada se anunció que se otorgaría dicho incremento por decreto.
Previo a la votación, el partido PRO había manifestado su respaldo al veto presidencial, mientras que los partidos Unión por la Patria y Encuentro Federal expresaron su rechazo. Además, el Ejecutivo advirtió que, ante un eventual rechazo del veto, llevaría el caso a los tribunales. La Ley proponía que el 85% del presupuesto de las universidades se destinara a salarios y el 15% restante a gastos operativos, aunque la inflación y el aumento de los precios en 2024 serían una dificultad importante a afrontar en el debate presupuestario.