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Jubilados y pensionados: el nuevo documento que exige ANSES desde junio 2025 para no perder la prestación
A partir de junio de 2025, miles de jubilados y pensionados en Argentina deberán enfrentar un nuevo desafío en el marco de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La entidad ha implementado un requerimiento obligatorio que impactará directamente en el acceso y continuidad de los beneficios previsionales. Este ajuste apunta a optimizar la distribución de los recursos estatales, asegurando que lleguen efectivamente a quienes más lo necesitan.
El documento en cuestión es la Certificación Negativa, una declaración de suma importancia que a partir de ahora deben gestionar aquellos que buscan iniciar procedimientos relacionados con jubilaciones, pensiones o incluso asignaciones familiares. El cumplimiento de esta normativa no es opcional: dejar de presentar la Certificación Negativa podría llevar a demoras inesperadas e incluso a la suspensión automática de los beneficios en curso.
Para quienes desconocen en qué consiste, la Certificación Negativa es emitida por el propio ANSES y posee una vigencia máxima de 30 días corridos. Este certificado corrobora que el solicitante no posee empleo registrado, que no está realizando aportes a sistemas previsionales, y que tampoco recibe otros beneficios estatales como la Asignación Universal por Hijo, ninguna pensión contributiva, ni está percibiendo seguro de desempleo.
Solicitar esta certificación se caracteriza por su rapidez y simplicidad. ANSES ha garantizado que el trámite es totalmente gratuito y puede realizarse directamente desde el portal oficial del organismo o a través de su aplicación 'Mi ANSES'. Con solo ingresar el CUIL y la Clave de Seguridad Social, los usuarios podrán obtener su documento de manera inmediata, eliminando la necesidad de acudir personalmente a las oficinas.
Sin embargo, no todos están sujetos a este nuevo requerimiento. Existe un grupo de excepción conformado por quienes ya perciben la jubilación mínima, una pensión no contributiva, o aquellos que se hallan bajo regímenes especiales donde la información ya se procesa automáticamente. Oficialmente, se ha comunicado que esta norma es un elemento más dentro de un plan mayor para optimizar la administración de los recursos estatales y aumentar la transparencia en las operaciones del organismo, así como para reducir posibles casos de fraude o superposición de beneficios. Es vital que los beneficiarios revisen regularmente su situación para evitar inconvenientes.