Río Negro demandó al Estado Nacional por el abandono de la Ruta 151
El Gobierno de Río Negro, junto a la Defensoría del Pueblo, intendentes de localidades afectadas y cámaras empresariales, presentó este viernes una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional y la Dirección Nacional de Vialidad por el estado crítico de la Ruta Nacional 151, en el tramo que atraviesa la provincia.
La presentación, que ya fue admitida por el Juzgado Federal de General Roca, reclama que se declare la responsabilidad del Estado por el abandono de la traza y se ordene la reparación integral de los 150 kilómetros comprendidos entre Cipolletti y el límite con La Pampa. Además, exige medidas cautelares urgentes como bacheo provisorio, señalización y campañas de prevención de accidentes.
En el escrito se argumenta que el deterioro de la ruta afecta gravemente la vida cotidiana de miles de personas, impactando en traslados sanitarios, acceso a la educación y actividades productivas clave como la fruticultura, el turismo, la minería y la industria hidrocarburífera.
Solo en lo que va del 2025, más de 576 traslados sanitarios debieron realizarse por ese tramo en condiciones peligrosas. También se ve afectado el acceso de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes a 70 escuelas.
La demanda también denuncia que el Estado nacional incumple la normativa vigente sobre financiamiento vial, al desviar fondos específicos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse al mantenimiento de rutas a través del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
La acción judicial fue firmada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado Gastón Pérez Estevan, la defensora del Pueblo Adriana Santagati, y los intendentes de Cipolletti, Catriel, Cinco Saltos, Cordero y Campo Grande. También la respaldaron representantes de cámaras empresariales vinculadas a la industria, el comercio y los servicios petroleros.
El juez federal de Roca dio curso al amparo y otorgó plazos de 5 y 11 días para que las partes demandadas (Estado Nacional y Vialidad) respondan sobre la omisión denunciada y las medidas urgentes solicitadas.
La presentación judicial podría sentar un precedente importante para que otras provincias también exijan en la Justicia obras públicas esenciales postergadas por el Estado nacional.