La Fundación Ambiente y Recursos Naturales condenó el operativo policial contra las comunidades mapuches
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales se pronunció sobre el operativo de desalojo del pasado domingo, hacia las comunidades originarias de la zona de Neuquén. Las cuatro comunidades (Newen Kura, Fvta Xayen, Kelv Kura y Ragilew Cárdenas), estaban encadenadas afuera de Casa de Gobierno cuando se ordenó el desalojo, tras cinco días de acampe.
Desde la Fundación manifestaron que "condenan el operativo policial", cuando las comunidades acampaban exigiendo el reconocimiento legal de sus personerías jurídicas, amparado por la Constitución Nacional, la Constitución provincial, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Acuerdo de Escazú.
También expresaron que el "reconocimiento jurídico de las comunidades indígenas es esencial no sólo para su identidad cultural, sino también para garantizar su derecho a ser consultados en proyectos que afectan sus territorios, como lo es la explotación de Vaca Muerta y los proyectos aledaños a muchas de las comunidades, como el previsto en las inmediaciones del lago Mari-Menuco."
La Fundación sostiene que el accional policial fue preocupante ya que "significa una violación flagrante de derechos democráticos y ambientales, y suma un hecho más de violencia estatal contra comunidades que ejercen sus derechos. Estamos ante la criminalización de personas y movimientos que exigen participar en decisiones que afectan el agua que consumen y el aire que respiran."
Por ello exigen que se garantice el derecho de las comunidades a ser consultadas y a permitirles la participación en los proyectos que afecten sus territorios. Destacaron que no se puede avanzar hacia una transición sociológica justa sin "un marco democrático sólido y con garantías para los defensores del ambiente".
Se refirieron al Acuerdo de Escazú para manifestar que criminalizar protestas pacíficas en un obstáculo a la justicia ambiental y violación a estos convenios internacionales, donde se reconoce la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. "Defender la vida y el territorio no es un delito; es un derecho", finalizaron.