Taxistas de Cipolletti denuncian una caída del 60% en su trabajo por las apps ilegales
Los taxistas de Cipolletti confirmaron que el próximo martes llevarán adelante una medida de fuerza en rechazo al avance de aplicaciones de transporte no habilitadas y a la falta de controles municipales.
José Luis Campos, referente de titulares de taxis, explicó que el sector atraviesa una fuerte crisis: “Ha bajado casi un 60% el trabajo debido a las aplicaciones ilegales. Queremos que se hagan más controles en la calle para que lo ilegal trabaje menos. Hemos tenido reuniones con funcionarios como Diego Zúñiga y Rodrigo Butler, reconocen que tenemos razón, pero los controles no aparecen y cada día hay más autos con estas plataformas”.
Campos señaló que, aunque en Neuquén ya se habilitaron con ciertas regulaciones, en Cipolletti la situación es distinta por la ordenanza vigente que regula la cantidad de licencias: “La norma establece una licencia cada 500 habitantes, pero hoy tenemos una cada 280. Si se aprueban las aplicaciones, estaríamos muy por encima y sería insostenible”.
También cuestionó la diferencia de tarifas entre taxis y apps: “Nuestra ordenanza dice que se debe cobrar lo que marca el reloj taxímetro, pero estas plataformas modifican el precio varias veces al día, según la demanda, lo que contradice la norma”.
En cuanto a la situación de los choferes, Campos advirtió que son los más perjudicados: “Hoy un chofer lleva a su casa 20 mil pesos, con eso no vive. Además, renovar el carnet cuesta unos 300 mil pesos. Si no los ayudamos entre los titulares, se quedan fuera del sistema”.
El dirigente agregó que, si bien se eliminó el requisito del curso —que costaba 135 mil pesos— para obtener el carnet jurisdiccional, esta licencia limita el trabajo solo a Río Negro: “La mayoría cruza a Neuquén al menos una vez por semana, por lo que necesitamos el carnet interjurisdiccional, y eso implica más gastos”.
La concentración de taxistas está prevista para el martes a las 10 de la mañana, con un lugar de encuentro aún por definir. “Vamos a reclamar nuestro derecho porque hay mucha gente afectada. El problema es estructural y requiere decisiones urgentes”, cerró Campos.