Golpe al microtráfico: detuvieron a ocho personas y secuestran drogas, armas y vehículos
La fiscal del caso Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo acusaron este lunes a cinco hombres y tres mujeres por integrar una organización dedicada a la venta de estupefacientes en distintos barrios de la capital neuquina y en Senillosa.
Durante la audiencia, la fiscalía solicitó prisión preventiva por cuatro meses para cuatro de los acusados, y prisión domiciliaria por igual período para los restantes cuatro. Argumentaron que la medida busca evitar el riesgo de fuga y garantizar el sometimiento al proceso, dada la gravedad de los hechos y la pena en expectativa.
La investigación, realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén, determinó que entre abril y el 8 de agosto de 2025 los imputados formaban parte de una estructura con roles definidos para la venta de drogas al menudeo.
El líder de la banda impartía órdenes, controlaba a los vendedores y manejaba el dinero a través de cuentas de billeteras virtuales propias y de su pareja. Uno de los puntos de venta funcionaba en el barrio Auca Mahuida, donde se fraccionaba la droga y se hallaron armas de fuego y municiones de grueso calibre.
Otro puesto, ubicado en barrio Toma Norte, estaba a cargo de un familiar del cabecilla y allí se encontró droga compactada y un arma de guerra. Un tercer punto operaba en barrio Gran Neuquén, desde donde se realizaron al menos 28 ventas en modalidad “pasamanos” y se secuestró droga lista para su distribución junto con un arma calibre 22.
En barrio Villa María funcionaba otro centro de expendio, tanto en el domicilio del imputado como en un taller mecánico contiguo, donde se detectaron al menos 14 operaciones directas con consumidores.
Además, un integrante aún prófugo en Senillosa cumplía la función de custodiar dinero y armas.
En allanamientos simultáneos, la División Antinarcóticos secuestró 6,3 kilos de cocaína, 2,2 kilos de marihuana, 1,5 millones de pesos, dólares y pesos chilenos, una máquina contadora de billetes, posnets, 10 armas de fuego, balanzas de precisión, cinco vehículos, cuatro motos, dos inhibidores de alarmas, celulares y equipos de comunicación.
Los acusados enfrentan cargos por comercialización agravada de estupefacientes y, en algunos casos, por tenencia ilegal de armas de fuego. El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló las imputaciones y dispuso las medidas cautelares solicitadas.
El fiscal general José Gerez calificó el operativo como “el golpe más importante al microtráfico de drogas desde que la provincia asumió la investigación de este delito por decisión del gobernador Rolando Figueroa”.