“El tiempo de la justicia no es el tiempo de las familias”: marcharon para reclamar transparencia y justicia por Otoño Uriarte
Esta tarde se llevó a cabo en Cipolletti una marcha por Otoño Uriarte, con la participación de vecinos y familiares, con el objetivo de visibilizar la causa y exigir que se conozcan todos los detalles del proceso judicial. Los padres denunciaron que, a lo largo de 18 años de investigación, hubo vacíos de contenido y fallas en el seguimiento de las investigaciones.
El padre de Otoño, Roberto Uriarte, expresó su sensación tras la movilización: “Fue bastante conmovedor ver que la gente nos acompaña. La comunidad tiene derecho a conocer toda la verdad, con complicidades, encubrimientos e irresponsables que quedaron expuestos durante el juicio”.
La familia manifestó frustración ante la nulidad parcial del juicio y cuestionó los tiempos de la justicia. Uriarte agregó: “Mucha bronca acumulada, impotencia. En ningún momento notamos que la justicia intervenga frente a decisiones políticas que afectan a la comunidad. El tiempo de la justicia no es el tiempo de las familias”.
A pesar de la desilusión, los padres destacaron la importancia del acompañamiento comunitario y reafirmaron su compromiso de continuar con el reclamo: “Nunca fui un buen orador, pero las circunstancias me llevan a expresar lo que sentimos. Esperamos poder juntarnos y hablar más sobre la causa”.
La marcha se realizo en la Plaza San Martin una semana después del pronunciamiento del Tribunal de Impugnación, que absolvió a Néstor Cau, José Jafri, Maximiliano Lagos y Germán Antilaf. Los magistrados hicieron lugar al recurso de las defensas y tras revisar la sentencia de primera instancia resolvieron anularla y decretar la libertad de los imputados.
Otoño fue secuestrada el 23 de septiembre de 2006; y su cuerpo apareció contra una reja en la central eléctrica de El Treinta, el 24 de abril de 2007. El juicio que condenó a los cuatro imputados de Fernández Oro fue tal vez la última oportunidad de llegar a los culpables. Pasaron 19 años del hecho y prescribirá la posibilidad de iniciar una acción penal. La familia reclama que se investigue “el encubrimiento policial y judicial”.