Memorias del “Cipolletazo”: cómo se gestó la pueblada que cambió la historia regional

El 12 de septiembre de 1969 cayó un viernes. El intendente Julio Dante Salto no estaba en Cipolletti: había viajado a Buenos Aires para reunirse con autoridades nacionales y gestionar obras para la ciudad. Con mano de hierro, la Argentina era gobernada por el general Juan Carlos Ongañía, que se autopercibía como un “Franco de las Pampas”. En Viedma, Juan Antonio Figueroa Bunge había sido impuesto como gobernador.

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El flamante mandatario se instaló en la casona de la calle Laprida y comenzó a diseñar los pasos a seguir. No se sabe qué desconocía más: si las artes de la política o el territorio provincial. Pero si era un personaje rencoroso y no le perdonaba al intendente cipoleño ninguno de los trámites que realizaba en la capital, en forma directa.

Tres años antes, el entonces gobernador de facto, el comodoro Luis Homero Lanari, lo convocó a la provincia para hacerse cargo del ministerio de Obras Públicas. El 21 de agosto de 1969 fue designado gobernador y comenzó a planificar su venganza.

Una maniobra que se iba a superponer con otras manifestaciones del escenario político de aquellos convulsionados años. El radicalismo pensaba que ante un cuadro de tanta tensión acumulada, el gobierno militar iba a tener que “abrir una válvula de escape” con algún proceso democrático controlado. Con la proscripción del peronismo, como en los anteriores comicios. Con otras reglas de juego. Pero llamar a elecciones.

Los vecinos de Cipolletti salieron a la calle para defender a su intendente. Foto: archivo.

Una fracción importante de los “radicales del pueblo” se habían instalado en la periferia del gobierno militar. Y miraban de reojo los movimientos del médico cipoleño: un personaje surgido del sector Intransigente, había sobrevivido a la caída de Arturo Frondizi y al colapso del partido. Y Salto tenía un proyecto provincial. Continuador del iniciado por el viedmense Eduardo Castello: integrar a la provincia con obras públicas que repararan los desequilibrios vigentes.

El detonante iba a ser el anuncio del puente carretero en Paso Córdoba y una ruta que llegara a Bariloche “por territorio rionegrino”. Salto veía en esa obra una jugada geopolítica: la marginación definitiva del Alto Valle Oeste. Lo que se veía desde la Confluencia era que Río Negro “se va a terminar en Roca”.

Y Salto no era el único que lo pensaba: todos los intendentes de la zona, desde Allen a Catriel, acompañaron el reclamo contra esa obra. Allí empezó a gestarse la maniobra para desplazarlo. En Viedma contaban con la venia del ministro del Interior, el general Francisco Imaz. Otro que no se distinguía por el arte de las sutilezas. “Si uno está invitado a una fiesta y no está de acuerdo con esa fiesta, se tiene que retirar”, había dicho en los días previos.

Fue una semana compleja: la comunidad estaba decidida a hacer respetar su voluntad. Foto: archivo.

Eligieron un viernes que Salto no estaba para ir a notificarlo de su destitución. Fueron formales: mandaron una comisión que llegó a la ciudad hacia las 11 de la mañana. Se dirigieron a la sede de la municipalidad, en la esquina de Yrigoyen y España. Los atendió el secretario de Salto, Fernando Segovia. Y el hombre se las ingenió para informar al periodista Abraham Tomé sobre lo que estaba ocurriendo. El responsable del informativo del mediodía de Canal 7 miró a las cámaras y largó lo poco que sabía: una comisión especial había llegado a Cipolletti para destituir al intendente. Apenas habían pasado unos minutos del mediodía.

Imposible saber si el incipiente “saltismo” tenía organizada una movilización popular; pero lo concreto es que una multitud se concentró frente al edificio, acorraló a los funcionarios viedmenses y los obligó a marcharse. Incluso con alguno que en medio de los forcejos, cayó por la ventana.

Allí empezó otra historia porque el gobierno militar reaccionó con toda la fuerza posible: trajo refuerzos policiales, pidió la movilización de Gendarmería y de la Federal, y militarizó la ciudad, con toque de queda incluido. La comunidad respondió enfrentando aquel despliegue: movilizaciones en autos particulares recorriendo las “cuatro avenidas” (Fernández Oro, Brentana, Alem y Mengelle); boicot a las fuerzas de seguridad; llamado a no colaborar y no vender alimentos a los policías que habían llegado; sabotajes a las líneas de alta y media tensión.

La juventud armó barricadas en el centro cipoleño. Foto: archivo.

También hubo otras formas de protestas que todavía hoy se comentan en las charlas familiares: desde las bombas de estruendo que se preparaban en los talleres para hacerlas estallar durante la noche y generar temor; hasta los gatos que se recolectaban para soltarlos a la vista de los perros que traían los Gendarmes.

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Salto llegó esa tarde del 12 de septiembre, y con el correr de los días vio que la situación se podía desmadrar y los únicos derrotados iban a ser los vecinos. Empezó a buscar vías de negociación. Cipolletti ya era un tema nacional: tapa de los principales diarios y revistas del país.

La crisis terminó cinco días después. El 17 de diciembre Salto renunció a la intendencia, pero designó a su sucesor, Alfredo Chertudi, médico también. Figueroa Bunge también perdió el cargo y regresó a Buenos Aires. En su lugar vino otro militar: el general Roberto Requeijo.

Onganía sobrevivió un poco más en su cargo, pero jaqueado por su propia incapacidad política, la Junta Militar le pidió la renuncia en junio del año siguiente.

La salida electoral a toda esa crisis estaba cerca y se iba a acelerar entre 1971 y 1972, pero Salto no llegó a protagonizarla. Un paro cardíaco terminó con su vida en 1971.