Emergencia en Discapacidad: Javier Milei sigue sin cumplir la ley

Desde que la oposición sancionó la ley que declara la emergencia en discapacidad, el gobierno de Javier Milei ha buscado por distintos medios suspender su implementación. Apelando a la Ley de Administración Financiera, el gobierno argumentó que la emergencia podría desestabilizar el equilibrio fiscal debido a la falta de previsión presupuestaria para financiar los gastos asociados.

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Sin embargo, la controversia creció cuando el gobierno intentó derogar la ley de emergencia dentro del presupuesto 2026, un movimiento que la oposición tacha de contradictorio. La ley que intentaron derogar dispone explícitamente que los recursos necesarios deberán ser reasignados del presupuesto existente, específicamente del área de servicios sociales, alerta que la limitación de estos recursos significaría un incumplimiento de la normativa. Esto ha generado un fuerte debate en el Senado, donde el oficialismo encuentra resistencia constante de los bloques opositores.

Es de señalar que no es la primera vez que el tema de discapacidad genera diferencias profundas en el congresoy es presentado como una piedra de toque de lo que la oposición percibe como maneobras del oficialismo para ajustarse a normativas cuando les resulta conveniente. Durante el intento de derogar la ley, el gobierno intentó introducir un artículo al presupuesto que anulaba tanto la emergencia en discapacidad como otra normativa relacionada con el financiamiento universitario, asombrando a muchos por su descarada contradicción.

Cabe recordar casos pasados, como el del proyecto de Ley de Régimen Penal Juvenil, el cual delega al jefe de Gabinete la facultad de reasignar partidas presupuestarias sin especificación de fuentes exactas en su artículo 51, un guiño significativo a las prácticas discrecionales que cuestionaron durante la propuesta de la emergencia en discapacidad.

Los sectores en favor de las personas con discapacidad criticaron duramente estos movimientos, temiendo que la falta de compromiso gubernamental para asegurar derechos esenciales contravengan las necesidades más urgentes de este colectivo vulnerable. La incertidumbre acerca de la intención del oficialismo con estos cambios normativos subraya aún más las tensiones políticas vigentes en el Congreso.