Según el Gobierno, "los cambios en la SIDE apuntan a acotar, definir y clarificar las funciones de la secretaria"

En un movimiento sin precedentes, el Gobierno de Javier Milei ha implementado una serie de reformas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), generando un profundo impacto en el sistema de inteligencia nacional. Estas modificaciones, ejecutadas mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), han sido justificadas por las autoridades bajo el pretexto de modernizar y profesionalizar la institución a tono con los desafíos del siglo XXI.

El eje central de esta reestructuración es la redefinición clara y concisa de las funciones y competencias de la SIDE. Estas reformas se han presentado como esenciales para acotar y clarificar las actividades de inteligencia en Argentina, alejándolas de prácticas obsoletas y potenciando su eficiencia. La gestión del gobierno ha enfatizado que ahora el foco se centrará en una estructura más pequeña y directa, concentrada en la función esencial de inteligencia.

Uno de los cambios más significativos radica en la separación total entre las funciones de ciberseguridad y ciberinteligencia. Anteriormente, estas tareas solían estar fusionadas, generando redundancias y confusiones en el manejo de la información digital. El nuevo decreto especifica que la ciberseguridad se ocupará de la integridad de las redes y sistemas, bajo la supervisión del recién creado Centro Nacional de Ciberseguridad, mientras que la ciberinteligencia estará destinada a la recopilación de datos estratégicos desde el ciberespacio.

Además, en el marco de estas reformas, la Agencia de Seguridad Nacional ha sido reorientada exclusivamente a la función de contrainteligencia. Las autoridades han subrayado la eliminación de funciones superpuestas con otras fuerzas policiales, permitiendo que estas últimas se ocupen de la investigación criminal estrictamente.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para reducir la duplicación de funciones y optimizar los recursos del Estado. Esto se evidencia también con la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuyas funciones han sido absorbidas por el Estado Mayor Conjunto, promoviendo una articulación más efectiva con la inteligencia nacional. Al mismo tiempo, se ha fortalecido el rol de fiscalización interna con la creación de la Inspectoría General de Inteligencia, que tendrá la misión de auditar y supervisar las operaciones de la SIDE.

Por último, el control interno se ha reforzado mediante la centralización en la designación de las autoridades de los órganos desconcentrados, cuyas cabezas serán escogidas directamente por el Secretario de Inteligencia. Esta medida se presenta como "un mecanismo para fomentar la transparencia y el control jerárquico, asegurando que cada línea del sistema responda a un mando claro y unificado".