Segundo año de gobierno de Milei: la represión de las protestas sociales se duplicó

En el segundo año de gobierno de Javier Milei, la represión de las protestas sociales ha tomado un protagonismo alarmante, según destaca un informe publicado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Este tercer estudio especial revela el ominoso aumento de la violencia estatal en las calles, un fenómeno que dibuja un inquietante panorama social y político.

Durante el año 2025, de las 79 movilizaciones supervisadas, 34 sufrieron el accionar violento de las fuerzas de seguridad, conformando un escalofriante 43% del total, cifra que destaca una duplicación respecto al porcentaje de 28% observado en 2024, cuando de 60 protestas monitoreadas, 17 fueron reprimidas. Esta escalada represiva no solo pone en evidencia la estrategia estatal de confrontación, sino que sitúa al gobierno de Milei bajo una crítica sostenida por diversas organizaciones de derechos humanos.

El factor agravante en este aumento de la violencia institucional radica en la implementación de la controvertida resolución 943/2023, conocida entre los detractores como el "protocolo antipiquetes". Desde su puesta en marcha, las represalias hacia las protestas han mostrado un patrón de sistematicidad y electividad que parece buscar la paralización del pueblo y el silencio de voces disidentes. Esta normativa ha legitimatizado un endurecimiento del control hacia las expresiones populares, enfrentándose a duras críticas internacionales por su tendencia autoritaria.

El informe de la CPM no solo se detiene en las cifras de represión sino también detalla las consecuencias humanas de estas medidas. Desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, el incremento en las cifras de heridos es un dato que resuena: con 1.369 personas afectadas en 2025 frente a las 1.216 de 2024, presenta un alza del 13% en las enfermedades físicas de los manifestantes. Uno de los puntos más embrutecedores del informe es el foco sobre las protestas generadas por asociaciones de jubilados, en las cuales 155 miembros, principalmente adultos mayores, han sufrido lesiones.

La manifestación del 12 de marzo de 2025 remarca lo que la CPM cataloga como el evento represivo más brutal del año, presentando un balance de 672 ciudadanos heridos y 114 detenciones, muchas de ellas consideradas arbitrarias por observadores. Entre los lesionados más notables figura Pablo Grillo, un fotógrafo que permanece con secuelas severas tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en su cráneo.

Este despliegue desproporcionado, descrito en los informes y corroborado por evidencias visuales y testimoniales, genera preguntas difíciles de obviar sobre la erosión de las normas democráticas y el consolidado uso desmedido de la violencia como herramienta del control social.