El Gobierno avanza con la reforma laboral y evalúa postergar los cambios al Código Penal

La Casa Rosada se encuentra en un momento de decisión crucial, en el que evalúa estratégicamente la priorización de proyectos legislativos en un contexto político desafiante. Uno de los puntos clave en la agenda es la reforma laboral, que se presenta como esencial para la administración de Javier Milei, dado su impacto potencial en la economía. En esta coyuntura, el Gobierno ha decidido enfocar su capital político en este proyecto durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero, dejando en espera otros debates significativos como la reforma del Código Penal.

A pesar de la importancia del proyecto de reforma del Código Penal, el cual contempla cambios sustanciales en las penas para delitos graves, la decisión de postergarlo está fundamentada en la complejidad del mismo y el amplio temario previsto. Estos factores llevaron al oficialismo a considerar más conveniente abordarlo durante las sesiones ordinarias, que comienzan el 1° de marzo, otorgando así más espacio para un debate detallado y la búsqueda de un consenso amplio entre los diversos bloques legislativos.

Una fuente gubernamental expresó que "la reforma penal requiere una discusión cuidadosa y construir un consenso sólido, lo que es más viable durante las sesiones ordinarias". Este enfoque destaca la preferencia del Gobierno por construir acuerdos que fortalezcan el avance de la reforma laboral, que resulta crítica para el proyecto económico delineado por Milei.

El contexto económico y político también influye en la decisión de postergar el debate del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Aunque este tema ha retomado visibilidad pública tras un reciente anuncio, no figura en las prioridades inmediatas del Gobierno. La Casa Rosada ha determinado que febrero no es el momento adecuado para abrir ese frente y, en cambio, espera iniciarlo con el arranque del período ordinario en marzo.

Esta estrategia evidencia una tensión interna en el Palacio de Gobierno entre la ambición de ejecutar reformas profundas y la necesidad de no dividir los esfuerzos en múltiples frentes al mismo tiempo. La gestión actual ha optado por centrar sus recursos en temas urgentes y viables dentro del plazo inmediato, asegurando el máximo capital político disponible para objetivos clave como la reforma laboral.