Argentina calificó de "hostigamiento procesal" el pedido de desacato en el juicio a YPF

El Estado argentino se encuentra en el centro de una disputa legal con implicaciones económicas y políticas significativas. La controversia gira en torno al pedido de desacato presentado por el fondo de inversión Burford Capital en relación con el juicio por la nacionalización de la petrolera YPF. Desde Argentina, este movimiento es interpretado como una táctica de 'hostigamiento procesal', diseñada para complicar el proceso de recuperación económica del país sudamericano.

La Procuración del Tesoro Nacional, encargada de defender los intereses de Argentina, ha respondido de manera firme a las acciones legales emprendidas por el fondo. La Procuración ha sido tajante al afirmar que se ha cumplido con todas las exigencias del proceso judicial, incluido el suministro de más de 113,000 documentos y la presentación de testimonios de funcionarios clave. Este descargo está programado para ser presentado oficialmente el 19 de febrero, siguiendo el cronograma judicial establecido.

Por otro lado, la demanda ha sido impulsada por las empresas Petersen y Eton Park, con el respaldo de Burford Capital, quienes acusan a Argentina de no cumplir con las exigencias de entrega de documentos. Esta es una compilada red de comunicaciones buscada dentro del proceso de 'discovery'. Según estos demandantes, existe un déficit en la presentación de materiales, lo cual, a su juicio, puede justificar medidas disciplinarias por parte del tribunal.

El contexto judicial es complejo, pues la demanda original tiene su raíz en un fallo de 2023, donde la jueza Loretta Preska dictó una condena que obliga a Argentina a pagar más de 16,000 millones de dólares más intereses por la estatización de YPF. Sin embargo, el gobierno argentino ha recurrido la sentencia y argumenta que esta es errónea, por lo que mantiene una estrategia basada en una apelación exhaustiva para rechazar tal resolución.

Además del intrincado proceso legal, los demandantes han sugerido que si no logran la cooperación adecuada, buscarán imponer sanciones tales como multas o la fijación de un calendario específico para discutir el no cumplimiento. De manera más agresiva aún, intentan vincular entidades como el Banco Central de Argentina como agentes del Estado, lo que podría abrir la puerta a potenciales embargos de activos. El gobierno argentino ha rechazado contundentemente esta postura, defendiendo su soberanía y denunciando lo que considera un asedio a sus políticas internas y su soberanía estatal.