Fracasó la mediación judicial en el conflicto en una cooperativa de viviendas
La mediación judicial en torno al conflicto de la Cooperativa 127 hectáreas terminó en un fracaso absoluto. La responsable del área, Cecilia Basterrechea, precisó que se decidió dar por concluido el proceso porque a pesar a las gestiones realizadas, “no hubo avances que guarden proporción con la prioridad y urgencia que la complejidad del conflicto demanda”. Por su parte, la cooperativa – que preside el vecinalista Jorge Salas -, responsabilizó a los gobiernos provinciales por su falta de compromiso en el desarrollo de la infraestructura y el traspaso dominial de los terrenos.
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El estudio jurídico Mansilla – que representa a un sector de los asociados -, sostuvo que la contraparte no presentó “una propuesta satisfactoria que repare de manera justa los daños sufridos”. Y “ante la falta de voluntad y de asunción de responsabilidades, la Justicia decidió dar por cerrada la instancia de mediación”.
“Ya no perderemos más tiempo en negociaciones estériles. Este paso es fundamental para quedar habilitados a avanzar con la acción penal”, para determinar “la responsabilidad de los involucrados”, anunció. Pero también impulsará una demanda civil para obtener una reparación económica.
Por su parte, la Cooperativa responsabilizó al gobierno neuquino y al Instituto de Vivienda por “la falta de avance en las negociaciones y en las obras de infraestructura y vivienda demoradas”.
“A pesar de las intensas gestiones, movilizaciones y reclamos administrativos realizados por esta conducción a lo largo de los años, el sueño de la casa propia para cientos de familias neuquinas se encuentra hoy rehén de la desidia estatal y la falta de prioridades políticas”, enfatizó.
Según los dirigentes de la Cooperativa, el gobierno neuquino no avanzó en la titularización de las tierras en el barrio La Sirena. Foto: archivo.
Según la dirigencia cooperativista, el gobierno provincial “asumió el compromiso de construir 1.418 viviendas. Sin embargo, licitaciones clave (como la de 192 viviendas en 2021 por más de $1.100 millones) fueron adjudicadas pero jamás ejecutadas”.
También denunció que el IPVU no cumplió con la provisión de los servicios de agua, luz y gas en el sector "Sirena Unificada", situación que “imposibilita legal y materialmente la entrega de los lotes. Sin servicios, no hay vivienda digna”.
También recordó que la cooperativa “cumple un rol de gestión y articulación social. No somos una empresa constructora ni el ente financiero; somos el nexo entre la necesidad de la gente y la obligación del Estado”.
“La parálisis del Barrio La Sirena Unificada no es una fatalidad, es el resultado de anuncios incumplidos por tres gestiones de gobierno”, denunció.