Denunciaron penalmente a Federico Sturzenegger por una contratación millonaria vinculada a su esposa
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la agrupación RESET Republicano, presentaron una denuncia penal que apunta contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la subsecretaria de Coordinación y Administración Exterior de la Cancillería, María Cristina Dellepiane; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y el director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
Es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. La presentación también pide que se analice la conducta de María Josefina Rouillet, esposa del ministro, quien se desempeña como directiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa.
El eje de la denuncia es la Disposición 21/2026 de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, fechada el 19 de enero de 2026, que adjudicó a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa la contratación directa por un total de $114.044.133, con opción a prórroga, para brindar capacitación en inglés al personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en el marco del Plan Estratégico de Capacitación 2025-2027.
El punto central de la acusación es que, pese a lo afirmado en la disposición, no existiría constancia pública en el sitio web de la Oficina Anticorrupción sobre la publicación obligatoria del caso, tal como exige el artículo 4°, inciso b, del Decreto 202/2017 cuando hay vínculos entre funcionarios con poder de decisión y personas o entidades contratadas por el Estado.
En ese marco, sostienen que se habría omitido “una publicación relativa a un procedimiento obligatorio de transparencia, impidiendo el conocimiento público de posibles riesgos de interés”. Esa omisión, afirman, sería atribuible al titular de la OA, Alejandro Melik, y al director nacional de Ética Pública, Leopoldo Giupponi.
También cuestionan que se haya adjudicado y aprobado la contratación “existiendo un vínculo con un funcionario con rango de ministro, incumpliendo un requisito de transparencia y publicidad clave”, decisión que atribuyen a Dellepiane.