Barrios populares: preocupación por obras inconclusas y falta de financiamiento
La referente social Lila Calderón participó en Buenos Aires de una serie de reuniones y movilizaciones ante la incertidumbre por el futuro de la Secretaría de Integración Sociourbana (SISU), un organismo clave para el financiamiento y ejecución de obras en barrios populares. La preocupación central pasa por el posible cierre del área, la situación laboral de sus trabajadores y la continuidad de proyectos que hoy permanecen paralizados en todo el país.
Calderón explicó que el viaje se dio a partir del reclamo de trabajadores del organismo, quienes recibieron un plazo inicial hasta el 28 de febrero para avanzar con la liquidación de la secretaría. “Nos parecía tremendo que dejaran a más de 300 compañeros sin trabajo. Además, si no están los trabajadores, no hay SISU, porque son quienes reciben la documentación, hacen inspecciones y permiten que las obras avancen”, sostuvo.
Tras las gestiones realizadas, se otorgó una prórroga hasta abril para evaluar la situación. Sin embargo, la incertidumbre continúa, ya que aún no está claro qué organismo se hará cargo en caso de que la secretaría deje de existir ni cómo se gestionarán los proyectos en marcha.
Calderón recordó que el trabajo en barrios populares comenzó hace más de una década con el relevamiento que dio origen al Registro Nacional de Barrios Populares (RENAVAP), realizado por los propios vecinos en todo el país. Ese proceso derivó luego en la ley de barrios populares, que contempló la creación de la Secretaría de Integración Sociourbana y un fideicomiso destinado a financiar obras de infraestructura básica.
Según explicó, la eliminación de ese fideicomiso el año pasado provocó la paralización de la mayoría de los proyectos. Actualmente hay alrededor de 700 obras frenadas en todo el país, entre ellas trabajos de cordón cuneta, veredas y conexiones intradomiciliarias en distintos barrios de la región. También quedaron inconclusos proyectos comunitarios como salones de usos múltiples.
Durante el fin de semana se realizó una conferencia de prensa en Cáritas Argentina y una movilización hacia Plaza de Mayo junto a trabajadores del área. A partir de esa protesta, representantes de las organizaciones fueron recibidos por funcionarios nacionales en el Ministerio de Economía, donde se acordó la extensión de los plazos y una nueva reunión para los próximos días.
La referente remarcó que la continuidad de estos programas es clave para miles de familias que aún no cuentan con servicios básicos ni regularización dominial. “Hay vecinos que llevan más de 70 años sin derechos. Estas herramientas permitieron identificar los barrios y empezar a mejorar la calidad de vida”, señaló.
En la provincia de Río Negro existen más de 140 barrios populares registrados, mientras que en Cipolletti son al menos 49, sin contar los asentamientos más recientes surgidos en los últimos años. En todos ellos, la continuidad de las obras depende de las decisiones que se tomen a nivel nacional en relación al futuro del SISU.
Calderón aseguró que las organizaciones continuarán reclamando para garantizar la continuidad de los programas. “No vamos a renunciar a algo que nos costó tanto conseguir. Vamos a seguir peleando para que las obras y los derechos de los vecinos no queden en el camino”, concluyó.