CONTROVERSIA
Vuelo de Adorni a Punta del Este: declaró el piloto y denunció irregularidades en la investigación
El reciente vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni desde Punta del Este a Argentina ha desencadenado una serie de investigaciones que comprometen la transparencia de ciertos procedimientos utilizados en su traslado. Agustín Issin, el piloto encargado y broker de vuelos, ofreció su testimonio el jueves, arrojando luz sobre la naturaleza oscura del caso, y elevando serias acusaciones sobre la integridad de algunos funcionarios públicos.
En su declaración ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, Issin confirmó que el periodista y amigo de Adorni, Marcelo Grandio, fue quien pagó el vuelo de regreso. La factura del trayecto fue emitida recientemente, el 9 de marzo, debido a que Issin se encontraba de vacaciones cuando se efectuó el vuelo. Este detalle es solo la punta del iceberg de un entramado que ahora se expone al escrutinio judicial.
Issin reveló el proceso de adquisición del servicio aéreo, explicando que compró a la empresa Alpha Centauri un paquete de 10 vuelos por un monto total de 42,250 dólares. Uno de esos vuelos fue el utilizado por Manuel Adorni, y cuyo costo especificado alcanzó los 3,000 dólares. Además de los datos financieros proporcionados, Issin también presentó imágenes almacenadas en su dispositivo móvil como respaldo de sus argumentos.
La controversia escaló cuando Issin denunció "manipulaciones" en la forma en que se condujeron las pesquisas, especialmente señalando a algunos agentes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El piloto aseguró que ciertos funcionarios habrían cometido actos indebidos al manejar informaciones sensibles del peritaje, comprometiendo las obligaciones legales inherentes a sus cargos.
En paralelo, las evidencias apuntan a una serie de transacciones financieras un tanto opacas. El vuelo de ida a Punta del Este fue pagado a nombre de la empresa Imhouse, ligada a Grandio, mientras que el regreso fue facturado más barato, por una cifra de 3,000 dólares. Esto genera cuestionamientos sobre la pronta ejecución de la factura, emitida el mismo día que se filtra el caso, tal como consta en los documentos judiciales facilitados por Alpha Centauri S.A.
A medida que el fiscal Gerardo Pollicita persigue claridad en el asunto, el juez Lijo ha ordenado la recopilación de más documentación del aeropuerto de San Fernando, abarcando desde registros documentales hasta material audiovisual captado por las cámaras de seguridad.