Contaminación ambiental: la fiscalía pidió reabrir la causa contra la empresa Comarsa
El ministerio público fiscal de Neuquén y dos organizaciones que intervienen como querellantes apelaron una decisión del juez de garantías Lucas Yancarelli y pidieron la elevación a juicio de una causa por contaminación ambiental. La investigación involucra a la empresa Comarsa, en el Parque Industrial neuquino, que entre 2014 y 2017 habría fraguado informes sobre tratamiento de residuos petroleros y le cobró a YPF, sin haberlos realizado.
Leé también: Ratifican embargo de 7 millones de dólares contra una empresa por contaminar el ambiente
A pesar de la oposición de la fiscalía, el 19 de marzo Yancarelli decidió la suspensión del juicio a prueba, con la obligación de retirar la totalidad de los residuos del predio antes de marzo de 2027 y completar el saneamiento integral del lugar dentro del plazo de la suspensión, además de realizar donaciones -se deberá acordar el monto o solicitar una audiencia para hacerlo-, pagar multas, fijar domicilio y someterse a controles judiciales periódicos.
El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que la decisión del magistrado fue “arbitraria, inmotivada e infundada”, y contraria a los estándares constitucionales y convencionales en materia ambiental. También advirtió sobre la magnitud del caso y señaló que lo investigado constituye “la punta del iceberg” del pasivo ambiental producido en el predio.
Uno de los puntos centrales es la incorporación de unos cuadernos secuestrados durante la investigación y atribuidos a uno de los imputados, cuya autoría fue confirmada por pericia caligráfica. Según la acusación, esos registros evidencian la planificación de maniobras para simular cumplimiento, sostener la actividad y entorpecer la investigación judicial, lo que refuerza la hipótesis de una conducta deliberada y sostenida en el tiempo.
Breide Obeid mencionó además un informe construido a partir de más de mil actas de inspección de organismos provinciales, municipales y nacionales entre 2013 y 2021, que documentan incumplimientos reiterados de la empresa y sanciones administrativas. Pese a ello, indicó que se continuaron otorgando habilitaciones y ampliaciones, lo que agravó el daño ambiental.
El fiscal jefe aseguró que la suspensión de juicio a prueba no garantiza la reparación integral ni la prevención del daño, y subrayó que los delitos ambientales exigen una respuesta judicial acorde a su impacto colectivo.
Por su parte, las asociaciones querellantes - Asociación de Abogadas, Abogados y Profesionales del Ambiente y la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) - acompañaron el planteo de la fiscalía para que se revoque la suspensión del proceso a prueba y se habilite la etapa de control de acusación, con el objetivo de llegar a un juicio.
Quienes son los imputados
Los imputados son J.M.L, presidente de la empresa desde el 1 de abril de 2014; accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B; director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en posición de decisión hasta enero de 2021 y que tuvo funciones delegadas de administración y control; y F.A.P, quien entre principios de 2013 y septiembre de 2016 fue gerente general y responsable técnico de la firma, tenía la dirección del personal a su cargo y reportaba en forma directa a los otros dos acusados.