Un intendente fue imputado por maniobras fraudulentas en las compras del municipio
El intendente de Plottier, Luis Bertolini, quedó formalmente imputado por dirigir las compras del municipio hacia dos empresas proveedoras en particular durante los dos últimos años, por un monto que supera los 2.300 millones de pesos. La jueza de garantías Carina Álvarez determinó que se trata de una “causa compleja”, lo que extiende los plazos de investigación, rechazó los pedidos de recusación que efectuó la defensa, y embargó las cuentas bancarias de P.V. y M.L., los dos proveedores imputados como partícipes secundarios.
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Pero además anunció que en una nueva audiencia determinará si corresponde la prisión preventiva del jefe comunal, tal como lo solicitó el fiscal Pablo Vignaroli. Una decisión que pondría a Bertolini al borde del juicio político y la posible suspensión de su cargo.
El intendente era un aliado político de la exvicegobernadora neuquina, Gloria Ruiz, destituida por la Legislatura provincial en diciembre de 2024, acusada de “inhabilidad moral” por una amplia mayoría. Bertolini había integrado el gabinete de Ruiz cuando fue intendenta de Plottier y se convirtió en su sucesor integrando el mismo espacio político.
En las elecciones de 2023, Comunidad se había sumado a la propuesta de La Neuquinidad, del actual gobernador Rolando Figueroa.
El intendente Bertolini quedó al borde de un posible juicio político. Foto: archivo.
El Concejo Deliberante de la localidad está conformado por 14 ediles: siete corresponden al oficialismo local, Comunidad; dos a Juntos por Cambio; dos a Evolución (otro partido local, aliado al oficialismo provincial); mientras que el Movimiento Popular Neuquino, Fuerza Libertaria y Acción Plottier tienen uno cada uno.
La acusación
La unidad fiscal de Delitos Económicos acusó al intendente Bertolini y a la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez, por haber montado un sistema de contrataciones públicas destinado a favorecer de manera sistemática a determinados proveedores.
Según el fiscal jefe Pablo Vignaroli, desde el inicio de la gestión municipal —entre enero de 2024 y marzo de 2026— los funcionarios intervinieron de forma deliberada en los procesos de contratación del municipio para beneficiar a P.V. y M.L., dos proveedores. La maniobra consistió en asegurar su participación en todas las convocatorias, independientemente del rubro, y direccionar las adjudicaciones mediante procedimientos irregulares. En ese período se otorgaron al menos 160 contratos por más de $2.300 millones, en muchos casos sin competencia real, con ofertas únicas o con desestimaciones arbitrarias de otros oferentes.
La fiscalía detalló que el circuito se iniciaba con pedidos de distintas áreas municipales, que eran canalizados por la subsecretaría de Hacienda. A partir de allí, el área de compras invitaba sistemáticamente a cotizar a los mismos proveedores, quienes resultaban adjudicatarios en la mayoría de los casos. Además, se detectaron múltiples irregularidades: falta de publicidad de los procesos, incumplimiento de los requisitos mínimos de oferentes, utilización de contrataciones directas sin acreditar situaciones de urgencia, adjudicaciones sin fundamentos y pagos sin constancias de recepción de los bienes o servicios.
De acuerdo con la investigación, cada imputado cumplió un rol específico dentro de una maniobra coordinada: los funcionarios públicos intervinieron en las decisiones administrativas y en el control del circuito de contratación, mientras que los particulares canalizaron las adjudicaciones y el flujo económico.
Los hechos fueron calificados provisoriamente como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de delito continuado. En ese marco, la fiscalía atribuyó a Bertolini y Ramírez el rol de coautores y a M.L. y P.V. el de partícipes necesarios (artículos 265 y 45 del Código Penal).