El Gobierno reguló la venta de vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina
En un movimiento que busca establecer un control efectivo sobre los productos de nicotina en el país, el Gobierno ha presentado una normativa regulatoria integral para incluyendo vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (conocidas como pouches), con la publicación oficial de la resolución 549/2026.
La normativa recién introducida ha llegado para desmantelar el antiguo sistema de prohibiciones que había mantenido fuera del mercado formal a estos productos, creando un nuevo ambiente ordenado al exigir un proceso obligatorio de registro, trazabilidad y adherencia a rigurosas normas de calidad para todos los fabrificantes y comercializadores en el país. El objetivo es claro: integrar la venta de estos productos al sistema regulado, permitiendo que el estado ejerza una supervisión más efectiva.
Distintas fuentes gubernamentales han señalado que se pretende ofrecer al Estado herramientas más sólidas para ejercer el control y penalización de la venta ilegal de estos productos que, pese a ser consumidos de manera generalizada, siguen mayoritariamente fuera del circuito regulado. Los críticos apuntan que la prevalencia del comercio informal ha facilitado una situación peligrosa donde los productos carecen de certificación sobre sus ingredientes y su manufactura, evadiendo además el sistema tributario fiscal.
Hasta la fecha, el Estado había mantenido una postura de cerrojo. La ANMAT y el Ministerio de Salud habían respaldado tal política a través de publicaciones como la Disposición ANMAT 3226/2011, que bloqueaba la importación y venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores. Más recientemente, la Resolución Conjunta 565/2023 volvió a reafirmar dichas restricciones extendiendo la prohibición al tabaco calentado, apuntando a un esquema de acuerdo con los lineamientos internacionales que blindaban al mercado legal de vareo accesible.
Este escenario prohibitivo había dejado también sin un marco claro a las bolsitas de nicotina, que aunque no formalmente reguladas, se colocaban bajo constantes alertas sanitarias, dado su venta irregular. Las respuestas del ámbito médico enfatizaban la falta de supervisión como un factor alarmante, ofreciendo un terreno fértil para más restricciones.
Con la aplicación de la nueva normativa, el gobierno exige que todos los productos deben contar con un registro meticuloso que no solo informe la calidad de sus contenido, sino que también cumpla cartillas estrictas sobre ingredientes y niveles de concentración. La política dirigida a minimizar el uso adolescente y no permitido contempla eliminar aromatizantes, señalados por expertos como un imán para nuevos consumidores jóvenes.
De acuerdo con los voceros del Gobierno, Australia y otras naciones europeas han servido de ejemplo al evidenciar el fracaso de estrictas prohibiciones en mercados ágiles. Con esto, Argentina busca seguir ese marco adaptivo, ofreciendo límites claros que contribuyan a formalizar las ventas, evitando el contrabando y proponiendo una tributación diferenciada conforme las especificaciones del producto.
Este acuerdo incluyó deliberaciones entre los principales entes gubernamentales asociados - Ministerio de Economía, Salud, ANMAT y la Jefatura de Gabinete, que coordinarán el seguimiento del impacto de esta nueva política tan ansiada.