"Mercado negro" en la cárcel: cómo se desarrolló la investigación que desbarató una organización ilícita
La Justicia Federal investiga un presunto circuito ilegal dentro del Establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti, luego de una serie de requisas que se extendieron durante casi 36 horas y permitieron secuestrar drogas, telefonía celular, cigarrillos y otros elementos prohibidos dentro del penal.
La investigación comenzó a partir de un procedimiento interno realizado por personal penitenciario. Según explicó Manuel Casariego, secretario de Justicia del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, todo se inició cuando un interno que realizaba tareas colaborativas en el área de enfermería fue requisado al regresar a su pabellón.
“Al momento de regresar al pabellón donde es alojado, se le hace la requisa de rutina y se le encuentran entre sus prendas dos envoltorios, uno con una sustancia vegetal verde y otro con un polvo blanco”, detalló el funcionario.
De acuerdo a lo informado, el interno reconoció que las sustancias le pertenecían y aseguró haberlas obtenido dentro del sector enfermería. A raíz de esa declaración, se realizó una requisa más profunda en ese espacio, donde se encontraron más sustancias prohibidas y otros elementos.
Posteriormente intervino el área de Toxicomanía y Leyes Especiales de la Policía de Río Negro, que confirmó mediante los análisis correspondientes que se trataba de marihuana y cocaína. Según precisó Casariego, se secuestraron alrededor de 150 gramos de marihuana y entre 6 y 7 gramos de cocaína.
Además, durante los operativos también se encontraron cerca de 150 atados de cigarrillos, teléfonos celulares y distintos elementos electrónicos cuya presencia dentro del penal está prohibida.
El secretario de Justicia remarcó que la causa se encuentra bajo estricta reserva judicial y destacó que fue el propio Servicio Penitenciario quien impulsó la denuncia ante la Justicia Federal.
“Esta investigación surge a raíz de la denuncia que realiza personal penitenciario. En base a las requisas de rutina y del trabajo que realizan los agentes penitenciarios, se denuncia ante la Justicia Federal la posible comisión de un delito”, sostuvo.
Casariego explicó además que la intervención de la Justicia Federal responde a la necesidad de garantizar una investigación externa e imparcial. “El servicio penitenciario no puede investigarse a sí mismo, por eso interviene la Policía de Río Negro y la Justicia Federal”, afirmó.
Por el momento no hay información oficial sobre personas imputadas ni sanciones administrativas, aunque desde el Ministerio indicaron que, en caso de comprobarse responsabilidades de empleados penitenciarios, podrían iniciarse sumarios internos y medidas disciplinarias.
La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas requisas, imputaciones y medidas judiciales en los próximos días.