Un teléfono oficial y un empresario sin cargo en el Municipio: la historia detrás de la causa que complica al intendente de Allen
Por Candela Rossi Bustafán.
Un Samsung A34 comprado por el Municipio de Allen quedó en el centro de una causa penal que tiene bajo investigación al intendente Marcelo Román y al empresario de medios Sebastián Ocampo.
Durante una audiencia realizada este lunes en la Sala 2 de los Tribunales de Roca, seguida por ANR, la fiscal Celeste Benatti pidió avanzar con la formulación de cargos contra Román por los delitos de peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, mientras que para Ocampo atribuyó una participación necesaria en los hechos investigados.
La jueza Natalia González no resolvió este lunes sobre el planteo de la Fiscalía. Tras escuchar a las partes, dispuso un cuarto intermedio y fijó la continuidad de la audiencia para el próximo 17 de junio a las 8, cuando continuará el debate sobre la acusación y los planteos defensivos.
Según la teoría expuesta por Benatti en la audiencia, el teléfono fue adquirido con fondos municipales, tenía una línea corporativa abonada por la comuna y terminó siendo utilizado por Ocampo pese a que no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura formal del Municipio.
La fiscal sostuvo además que Román autorizó la compra del aparato y posteriormente permitió que quedara en manos de una persona que no integraba la administración municipal.
Al describir el hecho atribuido, Benatti afirmó que Ocampo "utilizó el teléfono para impartir órdenes y directivas" a empleados municipales y que intervino en cuestiones vinculadas a la gestión pese a no tener una designación oficial.
Durante su exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal indicó que el Samsung A34 fue adquirido por $479.999 y que el abono mensual también era afrontado por la Municipalidad. Según sostuvo, el perjuicio no se limita a la compra del aparato sino al uso que posteriormente se le habría dado.
Para sostener esa hipótesis, Benatti mencionó declaraciones de trabajadores municipales, documentación administrativa, registros telefónicos, grupos de WhatsApp y otras medidas de prueba incorporadas durante la investigación.
Uno de los testimonios sobre los que hizo foco la Fiscalía fue el de Griselda Morel, exsecretaria de Hacienda de Allen. Durante la audiencia, Benatti recordó que Morel trabajó durante 18 años en el Municipio y que declaró haber conocido a Ocampo cuando Román ganó las elecciones. Según reprodujo la fiscal, la exfuncionaria manifestó que el empresario "no le daba confianza".
Siempre de acuerdo al relato que la Fiscalía atribuyó a Morel, la exsecretaria sostuvo que Ocampo participaba de cuestiones vinculadas al funcionamiento del Municipio pese a no ocupar ningún cargo formal dentro de la comuna.
La fiscal también señaló que, según el testimonio atribuido a la exfuncionaria, Román presentaba a Ocampo como su "mano derecha" y que en reuniones internas habría dicho: "quien no quiera a Sebastián se va".
Benatti agregó que, de acuerdo a la declaración de Morel, la exsecretaria describió situaciones que consideró irregulares dentro de la administración municipal y cuestionó movimientos de dinero que observó durante su paso por el gobierno local.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo además que otros trabajadores municipales declararon durante la investigación que Ocampo participaba de reuniones, comunicaciones internas y decisiones vinculadas al funcionamiento cotidiano del Municipio pese a no ocupar un cargo formal.
La defensa de Román cuestionó a la principal testigo
El abogado Matías Rubio rechazó la teoría planteada por la Fiscalía y concentró buena parte de su exposición en cuestionar el rol de Morel dentro de la investigación.
Durante la audiencia, Rubio sostuvo que la propia exsecretaria intervino en el procedimiento administrativo mediante el cual se adquirió el teléfono que hoy aparece en el centro de la causa.
Según planteó el defensor, la compra se realizó mediante una contratación directa prevista por las ordenanzas municipales y dentro de los montos autorizados para ese tipo de operaciones.
"Griselda Morel fue quien con fondos municipales compró el celular", afirmó Rubio ante la jueza. El abogado también pidió que la declaración de la exfuncionaria sea excluida de la plataforma probatoria.
"No puede tener carácter de testigo ya que reconoció ejecutar y avalar las defraudaciones", argumentó al fundamentar ese planteo. Rubio sostuvo además que "no hay plataforma probatoria para imputar al intendente" y solicitó expresamente que no se avance con la formulación de cargos.
En otro tramo de su exposición, el defensor afirmó que el día en que se concretó la compra y entrega del teléfono Román se encontraba en Neuquén junto a su esposa realizando la compra de un vehículo cero kilómetro. Según indicó, esa circunstancia puede acreditarse mediante cámaras de seguridad y documentación comercial.
La defensa de Ocampo cuestionó la calificación legal y habló de contradicciones El abogado Federico Diorio adhirió a varios de los planteos formulados por Rubio.
Durante su exposición solicitó la exclusión de información obtenida del teléfono de Morel y cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía.
Diorio sostuvo que la figura de administración fraudulenta aplicada al caso es errónea y pidió que esa situación sea revisada antes de avanzar con la formulación de cargos. El defensor también afirmó que algunos de los principales testigos ofrecieron versiones contradictorias durante la investigación. En ese sentido, mencionó diferencias en declaraciones atribuidas a Benjamín Marín y Marta Escobar respecto de cuestiones vinculadas al uso y la tenencia del teléfono.
Además, sostuvo que existe un componente político que termina afectando el desarrollo de la causa.
La definición quedó pendiente
Luego de escuchar a la Fiscalía y a las defensas, la jueza Natalia González dispuso un cuarto intermedio y fijó la continuidad de la audiencia para el 17 de junio a las 8.
Hasta ese momento no resolvió sobre el pedido de formulación de cargos realizado por la Fiscalía ni sobre los planteos de exclusión probatoria impulsados por las defensas.
Cómo se llegó hasta acá
La investigación comenzó el 26 de junio de 2025 a partir de una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas de Allen.
La presentación puso bajo la lupa distintas situaciones vinculadas al funcionamiento interno del Municipio, entre ellas la utilización de un teléfono adquirido con fondos públicos por parte de una persona que no integraba formalmente la administración comunal.
A partir de esa denuncia se realizaron allanamientos, se secuestró documentación, se analizaron teléfonos celulares y se tomaron declaraciones a trabajadores municipales.
La hipótesis que la Fiscalía expuso este lunes sostiene que el Samsung fue apenas la puerta de entrada a una relación más amplia entre la gestión municipal y Sebastián Ocampo. La defensa rechaza esa interpretación, cuestiona a los testigos y sostiene que la compra del aparato se realizó mediante mecanismos administrativos regulares.