Fue a cobrar la última cuota de una camioneta robada y lo atraparon
Durante una audiencia que se realizó en los tribunales de Cipolletti, la fiscalía acusó a un joven que intentó cobrar el dinero por la venta de una camioneta, realizada de manera fraudulenta. El vehículo de alta gama había sido robado a mano armada en Mendoza. El imputado intentó desligarse del hecho afirmando que le habían pagado para realizar la intermediación.
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La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo no le creyó, tuvo por formulados los cargos y dictó una orden de restricción: durante los próximos cuatro meses no podrá acercarse a 300 metros del domicilio de las víctimas de la estafa. Y como adicional, ordenó la colocación de una tobillera electrónica.
El matrimonio de comerciantes acordó la compra de la camioneta Toyota Hilux por 35 millones de pesos a través de las redes sociales. Entregó un total de 23 millones entre efectivo y transferencias. Sin embargo, al realizar los trámites en el Registro Automotor de Allen descubrieron que la documentación era falsa, mientras que la Policía constató que el vehículo tenía patentes adulteradas y pedido de secuestro por un robo a mano armada en la provincia de Mendoza.
Sin saber que el fraude había quedado al descubierto, el vendedor exigió el pago de un saldo pendiente y envió al imputado a retirar el dinero a un comercio local ubicado en calle Naciones Unidas. Las víctimas alertaron a la Comisaría 24 del barrio Don Bosco sobre lo ocurrido, lo que permitió a los efectivos policiales intervenir rápidamente y detener al joven, quien se identificó con un nombre falso y afirmó haber sido contratado para el cobro a cambio de 100 mil pesos.
El fiscal Martín Pezzetta pidió que el imputado pase estos cuatro meses en prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación, y explicó que existen otros involucrados en la trama a quienes el acusado conocía.
La defensa privada cuestionó la acusación, sostuvo que no estaba demostrada la participación de su asistido en la estafa y solicitó su inmediata libertad.
La jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso como medida cautelar una prohibición de acercamiento de 300 metros a las víctimas y su domicilio, impedimento total de contacto y por cualquier medio, presentaciones quincenales en la sede de la Fiscalía y la aplicación de un dispositivo de rastreo satelital.