Intento de femicidio: el imputado continuará detenido con prisión preventiva
La jueza de garantías Sonia Martín resolvió que el imputado por un intento de femicidio ocurrido en la zona de María Elvira continuará detenido con prisión preventiva, en principio hasta el 11 de noviembre. La magistrada desestimó el recurso presentado por la defensa, al considerar que no le habían mostrado argumentos de suficiente peso como para cambiar su decisión de hace un par de semanas.
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El imputado es Santiago Daniel Torres, quien está acusado de haber golpeado, rociado con una mezcla de combustibles a su pareja e intentado prenderle fuego con un encendedor. Y si no terminó en tragedia fue por la aparición de una de las hijas de la mujer. El hecho se produjo el 10 de julio pasado en la vivienda que compartían en la zona de chacras de María Elvira.
De ser encontrado responsable del hecho, Torres enfrenta una posible condena a prisión efectiva, que puede variar entre un mínimo de 10 y un máximo de 20 años.
Las contradicciones de la víctima
La primera declaración de la víctima se realizó ante la fiscal adjunta Laura Olea mientras era atendida en el hospital Pedro Moguillansky. En esa oportunidad Micaela acusó a Torres de los golpes y de haberla rociado con nafta para prenderle fuego. Dos meses después, dio a los medios una versión totalmente diferente: le quitó la responsabilidad al hombre, sostuvo que fue un incidente y que ella era quien había comenzado la pelea.
Esos mismos argumentos fueron presentados ante el equipo de los fiscales, pero en el ministerio público fiscal no creyeron en su retractación. “Hay un problema socio económico que debemos resolver. Esta señora dijo también que tiene problemas económicos, que no tienen para comer, porque el hombre era el proveedor. Si cuando podamos resolver esa situación de dependencia, la mujer sostiene lo mismo, veremos. Por ahora la evidencia nos marca un intento de femicidio”, sostuvo el fiscal jefe, Santiago Márquez Gauna.
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También destacó que se notificó de la situación de Micaela a las secretarías de la Mujer, a la de Familia, Minoridad y Adolescencia, y al ministerio de Desarrollo Social. “Esperemos que se pueda resolver la situación de la familia a la brevedad”, comentó.
La postura de la defensa
El abogado de Torres, Juan Pablo Fedeli, tampoco hizo hincapié en este cambio de declaración. Remarcó que los hechos no ocurrieron con la secuencia que precisó la acusación, sino que se trató de una discusión que subió de tono y que se hizo muy violenta.
Santiago Torres y su defensor, Juan Pablo Fedeli. Foto: Cipo360.
Lejos de pedir el desistimiento de la causa o el cambio de carátula, Fedeli se inclinó por cambiar la prisión preventiva por una domiciliaria con tobillera electrónica. Propuso el domicilio de la madre – que se encontraba en la sala -, en Puente 83; o bien la radicación de dos establecimientos rurales “donde lo están esperando para trabajar”: uno en Catriel y el otro en San Patricio del Chañar.
También destacó que el combustible utilizado “era una mezcla de nafta y aceite que se usa para las motos y máquinas agrícolas”, que “no sirve para encender un fuego porque no tiene poder inflamable”-
La postura de la fiscalía
Los fiscales Márquez Gauna y Olea se opusieron a la posibilidad de otorgar la prisión domiciliaria a Torres. “Primero, porque no se presentaron informes socio ambientales de los lugares propuestos. Son descripciones muy vagas e imprecisas”, sostuvo Márquez Gauna.
Y contradijo la postura de la defensa sobre el poder inflamable del combustible utilizado. El informe realizado por el actual jefe de Bomberos de Cipolletti, el sargento Gonzalo Cardozo, establece que esa mezcla es más peligrosa todavía: el aceite se impregna en las prendas o en la piel y hace que arda mucho más y sea más difícil apagarlo.
La decisión de la jueza
La jueza Sonia Martín desestimó el pedido de la defensa: siguen faltando los informes que permitan fundamentarlo, explicó. Y las condiciones de fuga o entorpecimiento de la causa siguen siendo las mismas que cuando le dictó la preventiva, hace dos meses.
Dirigiéndose a la madre del imputado, explicó: “valoro que usted esté presente y el ofrecimiento que hizo para su hijo. Pero yo me tengo que guiar por los informes que me presentan en la causa”.
En síntesis, entendió que siguen vigentes los riesgos procesales que la llevaron a dictar la primera prisión preventiva, en julio: entorpecimiento de la causa y peligro de fuga.