Desde este sábado, adolescentes de 14 y 15 años pueden ser imputados y condenados penalmente
Desde este sábado 5 de septiembre entró en vigencia en Argentina la nueva Ley Penal Juvenil. La normativa introduce un cambio significativo en el sistema de responsabilidad penal adolescente al reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
A partir de ahora, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados, procesados y eventualmente condenados penalmente por los delitos que cometan, dentro de un régimen específico y con límites diferenciados respecto del sistema aplicable a los adultos.
Hasta la entrada en vigencia de la nueva legislación, las personas menores de 16 años no podían recibir una condena penal. Sin embargo, los jueces podían disponer medidas de protección que restringieran su libertad, como internaciones en institutos, además de mecanismos de supervisión familiar o asistencia médica y psicológica. La nueva normativa derogó las leyes 22.278 y 22.803, vigentes desde 1980, y estableció un nuevo esquema de responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.
La ley había sido convertida en norma por el Senado a fines de febrero y publicada posteriormente en el Boletín Oficial el 9 de marzo. El artículo 52 estableció que su entrada en vigencia se produciría 180 días después de su publicación, plazo que se cumplió este sábado.
Qué cambia con la baja de la edad de imputabilidad
El principal cambio introducido por la ley es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Hasta ahora, una persona menor de 16 años no podía ser juzgada ni condenada penalmente, incluso cuando hubiera cometido un hecho tipificado como delito. El anterior régimen establecía expresamente que no eran punibles los menores que no hubieran cumplido esa edad.
Con la nueva legislación, los adolescentes de 14 y 15 años podrán atravesar un proceso penal y recibir sanciones. Sin embargo, la posibilidad de aplicar penas de prisión efectiva estará condicionada por la gravedad de cada delito y por diferentes requisitos establecidos en la norma.
Cuándo no podrá aplicarse prisión
La ley establece que cuando el delito contemple una pena de hasta tres años de prisión, no podrá imponerse una condena de cárcel efectiva.
En estos casos deberán aplicarse medidas alternativas, entre ellas:
- Amonestaciones.
- Participación en programas educativos.
- Prohibición de contacto con la víctima.
- Trabajos comunitarios.
- Monitoreo electrónico.
El cambio también alcanza a los adolescentes de 16 y 17 años. Bajo el régimen anterior, sólo podían ser considerados penalmente responsables por delitos cuya pena superara los dos años de prisión.
Con la nueva normativa podrán ser imputados y recibir sanciones por un universo más amplio de delitos, aunque la prisión efectiva continuará excluida cuando la pena prevista no supere los tres años.
Qué ocurre con los delitos graves
Para delitos con penas superiores a tres años y de hasta diez años, los tribunales también podrán reemplazar la prisión por sanciones alternativas, siempre que se cumplan determinadas condiciones.
Entre ellas, que el hecho no haya provocado la muerte de la víctima ni implicado violencia física o psíquica grave; que el adolescente no cuente con condenas previas ni otros procesos firmes en trámite; y que exista un dictamen pericial favorable, junto con la conformidad del fiscal y una audiencia previa a la víctima. En los delitos considerados más graves sí podrá disponerse una condena de prisión efectiva.
La nueva Ley Penal Juvenil establece además un límite máximo de 15 años de prisión para adolescentes, independientemente de que el Código Penal contemple penas superiores para personas adultas. También prohíbe expresamente la aplicación de prisión perpetua.
De esta manera, desde este sábado comenzó a regir en todo el país un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que reemplaza una legislación vigente durante más de cuatro décadas y modifica sustancialmente la forma en que la Justicia abordará los delitos cometidos por adolescentes.