La Justicia imputó a un hombre que amenazó con un cuchillo a su expareja y a su hija
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de ejercer violencia de género contra su expareja en Cipolletti, en una causa que incluye episodios de agresiones físicas, amenazas con un cuchillo y la tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación casera.
La acusación fue presentada por el fiscal Martín Pezzetta y la fiscal adjunta Ivana Vassellati, quienes atribuyeron al imputado los delitos de lesiones leves calificadas, amenazas agravadas por el empleo de armas y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal.
Golpes y lesiones en un contexto de violencia de género
Según la acusación fiscal, el primer hecho ocurrió el 13 de septiembre en una vivienda del barrio La Alameda. En ese lugar, y en un contexto de violencia de género, el hombre habría agredido físicamente a su expareja, provocándole diversas lesiones en distintas partes del cuerpo.
Las heridas fueron constatadas posteriormente por un médico del Cuerpo de Investigación Forense, cuyos informes forman parte de la evidencia incorporada a la investigación.
Amenazas con un cuchillo frente a la hija de ambos
El segundo episodio se registró el 19 de septiembre, también en la vivienda del barrio La Alameda.
De acuerdo con la Fiscalía, el imputado ingresó de manera intempestiva a la habitación donde se encontraban la mujer y la hija que tienen en común y las amenazó con un cuchillo.
Ante la situación de riesgo, ambas abandonaron inmediatamente la casa y buscaron refugio en el domicilio de un familiar.
Allanamiento y secuestro de armas
La investigación avanzó con un allanamiento realizado el 22 de septiembre, luego de una orden solicitada por la Fiscalía y autorizada por un juez de Garantías.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró el cuchillo presuntamente utilizado en las amenazas y encontró un arma de fabricación casera compuesta por caños metálicos y una culata de madera.
Para la Fiscalía, el hombre poseía esa arma sin contar con la autorización legal correspondiente, por lo que también fue imputado por tenencia ilegal de un arma de fuego de guerra.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía
Para sostener la formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal presentó distintas evidencias reunidas durante la investigación:
- La denuncia radicada por la víctima en la Comisaría de la Familia.
- Los testimonios de la mujer y de la hija de ambos.
- Los informes médicos del Cuerpo de Investigación Forense.
- El acta del allanamiento y las fotografías de los elementos secuestrados en la vivienda.
El pedido de la Fiscalía y la resolución judicial
Durante la audiencia, el fiscal Martín Pezzetta sostuvo que la existencia de armas incrementa el temor de la víctima y representa un riesgo para el desarrollo de la investigación.
"No alcanza en este caso con pautas de conducta, porque esas medidas son insuficientes para cautelar este proceso", argumentó el fiscal al fundamentar la necesidad de una medida cautelar más estricta.
Pezzetta también indicó que el imputado no posee antecedentes penales computables, aunque señaló que, en caso de una eventual condena, la pena prevista sería de cumplimiento efectivo.
Por su parte, el defensor oficial Sebastián Nolivo no objetó la formulación de cargos, pero solicitó incorporar dos testimonios, entre ellos el de una presunta testigo presencial que, según la defensa, describiría una versión distinta de los hechos denunciados y negaría la existencia de las amenazas.
Además, se opuso al pedido de prisión preventiva al considerar que la medida era excesiva y que el imputado presenta un problema de salud que podría agravarse si permanece alojado en un calabozo. Como alternativa, propuso la colocación de un dispositivo de control satelital y otras medidas cautelares menos gravosas.
Finalmente, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
Mientras avance la causa, dispuso una prohibición de acercamiento del imputado a la víctima y a su domicilio a una distancia mínima de 200 metros, además de un impedimento total de contacto con la mujer.