2026-10-20
La jueza Loretta Preska anuló formalmente la condena millonaria contra Argentina por YPF
La magistrada de Nueva York archivó la sentencia de 16.100 millones de dólares tras el fallo favorable de la Cámara de Apelaciones.
La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena de 16.100 millones de dólares contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012. Con esta resolución, la magistrada sumó al expediente de primera instancia el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que ya había revocado la indemnización a favor del Estado argentino. Si bien la decisión es un gran avance para el país, la disputa judicial todavía no terminó.
Fuentes de la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que el Gobierno esperaba esta medida, que marca el cierre de la primera etapa del juicio en Estados Unidos. Sin embargo, aclararon que todavía falta saber si la Corte Suprema estadounidense acepta revisar el caso a pedido de los demandantes, un grupo de fondos liderado por Burford Capital.
El conflicto empezó en 2012 cuando el Estado expropió el 51% de las acciones de la petrolera. Los antiguos accionistas minoritarios reclamaron una indemnización millonaria argumentando que el país no respetó los estatutos de la empresa. Aunque Preska falló a favor de los fondos en 2023, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia en marzo de 2026 al considerar que la jueza interpretó mal el derecho argentino.
Tras sufrir este revés, el fondo Burford Capital jugó su última carta en la justicia de Estados Unidos y presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar recuperar la millonaria indemnización. De todas formas, los jueces del máximo tribunal no tienen una fecha límite para decidir si aceptan o rechazan analizar el reclamo.
Por otra parte, la pelea sumó un nuevo capítulo en otro escenario internacional. El fondo demandante inició un procedimiento de arbitraje contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Este proceso ya fue aceptado y corre por una vía completamente independiente a los tribunales de Nueva York, por lo que el Gobierno deberá seguir defendiendo su postura en ese organismo.
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