Rio Negro prepara nuevas herramientas para la justicia penal adolescente

En febrero de este año, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N.º 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza el sistema previsto por la Ley N.º 22.278 y sus modificatorias. Su implementación plantea desafíos para los organismos nacionales y provinciales, que deben adecuar sus herramientas institucionales, capacitar a los equipos de intervención y establecer mecanismos de coordinación para llevar sus disposiciones a la práctica.

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En este contexto, Río Negro trabaja en dos líneas de acción destinadas a adecuar el abordaje provincial de la justicia penal adolescente. Por un lado, se elabora un Protocolo de Actuación en Materia Penal Adolescente, que busca establecer criterios comunes de intervención para los distintos actores del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, en los procesos penales que involucren a adolescentes de entre 14 y 18 años.

Esta herramienta apunta a garantizar intervenciones especializadas, respetuosas de los derechos y garantías de los adolescentes y acordes con los principios del nuevo régimen. Entre ellos, se destaca el interés superior del niño, entendido como un derecho fundamental, un principio de interpretación de las normas y una garantía que debe orientar cada decisión administrativa y judicial que los involucre.

Por otra parte, se trabaja en una propuesta de Código Procesal Penal Adolescente, que contempla las particularidades de los procesos judiciales en los que intervienen adolescentes y busca establecer principios y procedimientos específicos para su desarrollo.

Ambas iniciativas forman parte de un proceso de adecuación institucional que permitirá a la provincia contar con instrumentos propios para abordar las particularidades de la justicia penal adolescente, con intervenciones especializadas y en pleno respeto de los derechos y garantías de las personas involucradas.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro trabaja en la adaptación de su marco institucional al nuevo escenario normativo, con el objetivo de traducir sus principios en herramientas concretas para la actuación de los organismos provinciales.