Aseguran que los exámenes toxicológicos serán para empleados y también para funcionarios municipales

El intendente de Cipolletti, Claudio Di Tella, se pronunció sobre la controversia generada por la ordenanza que establece la realización de exámenes toxicológicos a empleados municipales. Desde el sindicato Soyem habían expresado su preocupación por lo considerado como una discriminación hacia los trabajadores de planta política.

Ante esto, el mandatario afirmó que hubo una "mala lectura" por parte de los gremios, pero que se trabajará en el Concejo Deliberante para aclarar el artículo que generó la polémica.

El proyecto de la ordenanza generó discusiones debido a las posibles resoluciones en casos positivos de empleados de planta permanente y contratados. Se planteaba la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera autoridad para echar a municipales con contratos precarizados como eventuales, lo cual fue cuestionado por el sindicato que consideró que la normativa no era clara. Por esta razón, enviaron una nota al poder legislativo local para que revise los considerandos de la ley.

El intendente Di Tella aseguró que la normativa se modificará, ya que el objetivo principal de la ordenanza es brindar contención y ayuda en casos de consumos problemáticos, y no sancionar indiscriminadamente.

Según explicó, la ley es igual para todos, abarcando desde el intendente hasta los funcionarios y empleados. La idea es ofrecer asistencia en lugar de despedir a personas con adicciones, ya sea alcohol o drogas. Para ello, el municipio cuenta con grupos de trabajo capacitados en esta problemática, con el objetivo de detectar y solucionar los problemas de consumo de manera temprana.

Si bien es posible que los controles empiecen a implementarse con la próxima gestión municipal, el intendente señaló que quienes reconozcan tener un consumo problemático podrán solicitar ayuda voluntariamente en cualquier momento. Por otro lado, el sindicato Soyem presentó una solicitud al Concejo Deliberante en octubre pasado, exigiendo igualdad en la aplicación de la Política de Prevención Toxicológica en el Ámbito Laboral. Su objetivo es que no haya discriminación en el tratamiento de los empleados municipales y funcionarios políticos.