Una trabajadora cipoleña será indemnizada tras promover un juicio laboral
Una mujer de Cipolletti elevó un juicio laboral luego de exigir la registración de sus labores en el local de comida donde trabajaba. El local se trata de una pollería de la ciudad que ahora deberá indemnizarla tras el pedido a la justicia.
Trabajó muchos años en el local y se encargaba de realizar distintas tareas relacionadas a la elaboración de comida, como preparar milanesas y envasar pollos para la venta, además atendía y limpiaba el espacio. El problema laboral surgió cuando exigió que se le respeten sus derechos como trabajadora.
Al no recibir respuesta de parte de sus empleadores, les envió una carta de documento exigiéndoles la registración de sus tareas, pero la respuesta fue exigirle que acuda a su abogado y renuncie al puesto. Por ello y reclamando lo que le correspondía por ley, la mujer elevó un juicio y presentó pruebas de que ella trabajaba allí realizando todas las tareas mencionadas.
Al principio del proceso judicial, la parte empleadora negó la relación laboral, sin embargo, la presentación de pruebas de honorarios dejó en evidencia que efectivamente existía un vínculo de trabajo.
La Cámara Laboral de Cipolletti, interviniendo en el juicio, afirmó que el procedimiento realizado fue el correcto. Expresaron así en el fallo: "Entiendo que, efectivamente, la reclamante se ajustó a derecho al considerarse en situación de despido, por cuanto, no sólo respetó las formalidades que requieren la situación, sino que, ante la omisión de la debida registración, habiéndose probado la prestación de servicios, surge el paradigma de la injuria legitimante del despido indirecto, constituyendo causal de gravedad tal que, hace intolerable la continuidad del vínculo laboral”.
El resultado del juicio fijó una indemnización que deberán pagar los empleadores a la empleada. Además se condenó a los propietarias del local, se estableció una indemnización por antigüedad, por falta de preaviso y el sueldo anual complementario, como otras diferencias salariales.
La sentencia también aplicó una multa que duplica en un 150% las indemnizaciones ya que se ha obligado a la trabajadora a tener que acudir a una instancia judicial para adquirir sólo lo que le correspondía por ley.