ANUNCIO DEL INTENDENTE BUTELER
Qué significa la “emergencia económica” de la municipalidad
Durante el discurso de asunción, el intendente Rodrigo Buteler anunció la “emergencia económica, financiera y fiscal del sector público municipal”, proyecto que se enviará al Concejo Deliberante para proteger las cuentas del Estado. La iniciativa le otorga facultades al Ejecutivo para renegociar o suspender contratos, concesiones y exenciones fiscales.
Tendrá una vigencia de 12 meses, prorrogable por un año más. Su objetivo declarado es “mitigar” en el ámbito municipal “la crisis económica y financiera imperante en el país”. Para eso, tratará de “reorganizar la situación actual y fomentar una administración eficaz y ordenada”.
El proyecto le impone al jefe comunal el deber de “contener el gasto” para “garantizar la prestación de servicios” y “mejorar la gestión de ingresos y cobranzas del municipio”. En razón de esta emergencia, se dispondrá “la rescisión, prórroga y/o renegociación de los contratos” de obra, servicios, suministros, concesión pública, consultoría y/o de cualquier otro tipo.
Con respecto al personal, el texto enviado al Deliberante postula “la renegociación o rescisión de contratos”, en la medida que “su continuidad no sea necesaria de acuerdo al jefe del área y el Secretario respectivo”. También dispone la redistribución de áreas y funciones, el cambio horario y un régimen de “retiro voluntario”.
También dispone restringir el uso de vehículos oficiales; la concentración de todas las compras a través de la secretaría de Hacienda; y verificar el estado de las concesiones otorgadas, como así también el estricto control del cobro de los cánones establecidos.
Al tratar sobre los ingresos, el proyecto de Emergencia dispone generar “una eficiente política de recaudación”, controlando “adecuadamente las actividades que generan tasas o derechos que debe percibir la comuna”; y avanzar en “la ejecución fiscal de las deudas impagas”.
También requiere una “revisión exhaustiva” de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria, para asegurar que “sean justas y razonables”.
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Con respecto al personal, la iniciativa permite una “reestructuración general y sectorial de dependencias” y “la reubicación del personal”, incluyendo “traslados, cambios de dependencias o tareas, modificación de horario, y toda otra medida que juzgue conveniente, para la mejor, eficaz y eficiente prestación de los servicios públicos municipales”.
Mientras dure la Emergencia Económica, los contratos laborales “no podrán exceder los cuatro meses de duración”. Y dispone que los empleados deberán acreditar “su horario de ingreso y egreso laboral en forma fehaciente”.
Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “adoptar sistemas de retiro voluntario del personal, a efectos de proceder a la reestructuración llevada adelante por la emergencia. El acogimiento al régimen de retiro voluntario importará el cese del agente y la extinción de la relación de empleo público, devengándose a su favor una indemnización que será fijada en la reglamentación a implementar por el Poder Ejecutivo Municipal”.