Milei busca el aval judicial para avanzar con la flexibilización laboral
El Gobierno nacional continúa su avance en el polémico proyecto de flexibilización laboral y ha presentado un informe con el que busca que la Justicia rechace la acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Esta acción pretende declarar la invalidez del capítulo laboral del DNU 70/2023 de Javier Milei. Se espera que, una vez que el ministerio público fiscal emita su opinión y se analice la admisibilidad de la demanda, la justicia laboral dicte sentencia.
En el informe de más de 90 páginas, el Gobierno argumenta que las reformas laborales buscan dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado, promover la inserción laboral de personas con obstáculos para acceder al mercado y aumentar el poder adquisitivo de los salarios. El texto reconoce que, aunque hay déficits de trabajo decente en Argentina, se deben seleccionar adecuadamente los indicadores y las problemáticas que fundamenten esta política de reforma.
El informe destaca tres indicadores que, según el Gobierno, justificarían la implementación de esta reforma laboral: el poder adquisitivo de los salarios está en niveles bajos históricamente, la cantidad de empleo asalariado registrado en el sector privado es inferior a los períodos anteriores y la incidencia del trabajo no registrado es preocupante.
Se defiende la utilización del DNU 70/2023 argumentando que la situación económica y social de Argentina es grave y requiere medidas urgentes para dar impulso al país. Se destaca que la desregulación es una de las herramientas necesarias para otorgar mayor libertad a las fuerzas productivas y resolver los problemas originados por la crisis.
El documento asegura que el proceso de emisión del DNU fue válido y cumple con las normas y jurisprudencia aplicables. Además, se enfatiza que el dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia es un instrumento legítimo según la Constitución y no implica un avasallamiento de la democracia.
Se espera ahora la decisión de la Justicia sobre la validez del DNU y las posibles flexibilizaciones laborales que este implicaría. Mientras tanto, los sectores sindicales continúan presentando su oposición y argumentando los efectos negativos que estas reformas podrían tener en los trabajadores.