Ordenan la demolición de un barrio en Cipolletti por violaciones a la zonificación rural
Un fallo judicial ha ordenado la demolición de unas 30 casas en el barrio Los Perales, un desarrollo urbanístico exclusivo en la zona rural de Ferri, Cipolletti, que incumple las normativas locales. La sentencia, emitida por el juez Federico Corsiglia, obliga al dueño del lote, Aldo Manríquez, a detener todas las obras y limpiar el terreno en un plazo de 60 días hábiles, presentando previamente un plan de demolición ante el municipio.
El barrio Los Perales, con viviendas tipo casa-quinta y altos valores de mercado, se levantó sobre tierras designadas como "RUR1", una categoría del Código de Planeamiento Urbano que limita el uso del suelo a actividades agrícolas. Según indicaron el área no cuenta con servicios básicos, como cloacas y gas natural, y las propiedades no pagan tasas municipales. La falta de acción del municipio para frenar este desarrollo lo convierte en corresponsable, según el fallo.
La medida se produjo después de años de litigio iniciado por Jorge Liss, un ingeniero agrónomo que cultiva viñedos en un terreno adyacente. Liss denunció que la expansión de las construcciones en la zona afecta su producción y altera el ecosistema local. Una pericia agroambiental confirmó sus preocupaciones: obstrucciones que dificultan el riego, contaminación de las napas freáticas por pozos sépticos inadecuados, y luces que afectan a los insectos beneficiosos para el cultivo.
El fallo es claro y contundente: Manríquez, quien todavía figura como propietario de las 7 hectáreas pese a la venta de la chacra a un nuevo desarrollador, debe costear la demolición y garantizar la restauración de los terrenos. En caso de incumplimiento, el demandante podrá iniciar el proceso de demolición a expensas del dueño original. Asimismo, la Municipalidad de Cipolletti está obligada a tomar medidas adicionales para garantizar que las tierras vuelvan a su uso agrícola y a identificar a cualquier responsable que permitiera esta urbanización irregular.
Este caso sienta un precedente en la región y resalta la creciente tensión entre el desarrollo inmobiliario y la preservación de las tierras rurales, obligando tanto a los desarrolladores como a las autoridades municipales a respetar las normas que regulan el uso del suelo en Cipolletti.