Echaron de la policía a un subcomisario que se desempeñó en el destacamento de los puentes carreteros

Un ex subcomisario de la policía rionegrina fue exonerado de la fuerza por haber cometido “delitos dolosos” y “faltas graves”. El oficial era responsable del puesto de seguridad vial ubicado en los puentes carreteros de Cipolletti cuando cometió un hecho de abuso sexual contra una subordinada. Fue condenado a tres años de prisión en suspenso.

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Se trata de Gabriel Martín Pino, quien el 15 de junio de 2021 era el jefe del destacamento ubicado sobre la ruta 22, en el ingreso a la ciudad. La denunciante fue una agente de 20 años, quien había sido madre y se encontraba separada de su pareja. La joven le contó lo sucedido a un sargento, quien a su vez lo comunicó al Jefe de Zona. Allí comenzó la investigación interna, la separación preventiva del cargo y el posterior juicio penal.

A mediados de 2024, Pino fue condenado por “abuso sexual simple, agravado por haber sido cometido por personal perteneciente a la fuerza policial, en ocasión de sus funciones”, más la “inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos en la función policial”.

Los jueces Guillermo Baquero Lazcano, María Florencia Caruso Martín y Marcelo Gómez, consideraron que era responsable penalmente del hecho que le había atribuido la fiscalía. Luego se acordó una prisión de tres años en suspenso, teniendo en cuenta que no registraba antecedentes, más la “inhabilitación” de por vida para ocupar cargos en la institución.

Qué significa la “exoneración”

En los últimos días, el gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 959, que establece la exoneración del ex subcomisario. Se trata de la máxima sanción que puede establecerse en el ámbito administrativo. Implica la separación definitiva y el sancionado no puede ser reincorporado en ninguna circunstancia.

Además, significa la pérdida del estado policial y derechos, incluido el retiro o jubilación policial, aunque se hubieran cumplido los años o requisitos para obtenerlo.

En los fundamentos del decreto se mencionó que se debe sancionar “todo acto que importe un incumplimiento de los deberes generales o propios del cargo que desempeña el personal, o constituya un menoscabo para la disciplina, la investidura policial o la Institución”.

También el hecho de “no obrar con la corrección y el decoro que impone el cargo o la función, aún cuando el prestigio de la Institución no resultare seriamente afectado”,