Causa Otoño: durísimas críticas a la investigación judicial

El juicio contra los cuatro imputados por el secuestro, violación y asesinato de Otoño Uriarte comenzó con durísimos cuestionamientos a la investigación judicial que se realizó en los 18 años anteriores. “Desprolijidades”, “encubrimiento” y “falta absoluta de pruebas”, “chivos expiatorios”, fueron algunos de los argumentos más reiterados que se escucharon durante la primera audiencia.

La abogada que representa a la familia Uriarte, Gabriela Prokopiew, sostuvo en el cierre de su alegato que será necesario que el propio Ministerio Público Fiscal abra una investigación para desatar el complejo nudo que se armó por “las complicidades y el encubrimiento” que se produjeron en la etapa anterior.

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Los defensores de los imputados no se quedaron atrás. Edgard Lucero, patrocinante de Maximiliano Lagos, sembró un manto de sospechas sobre la decisión de la Procuración general cuando “le quitó de las manos la causa a la fiscalía “ de la IV Circunscripción, para entregársela a “la II Circunscripción”.

“Es que acaso no saben trabajar los fiscales de Cipolletti; son inútiles los fiscales de la IV Circunscripción”, enfatizó el defensor. Esto motivó un cruce de palabras con la titular del Tribunal colegiado, María Florencia Caruso, quien le pidió que si tenía otras denuncias para hacer, que las realice en el ámbito adecuado.

Dos de los imputados y sus abogados defensores, durante una pausa en la extensa primera jornada del juicio. Foto: cipo360.

De hecho, la acusación fue sostenida por una de las fiscales jefe de la circunscripción con sede en Roca, María Teresa Giuffrida. Santiago Márquez Gauna, jefe de los fiscales de Cipolletti, no estuvo; tal vez por haber participado en los comienzos de la causa como secretario del entonces juzgado de Instrucción a cargo de María del Carmen García García.

Lucero ya había calificado a toda la causa como un ejemplo “de la mala praxis judicial”, y recordó que los cuatro imputados ya fueron juzgados y sobreseídos en 2014 por la jueza Sonia Martín. No obstante, ese fallo fue revocado en 2017 por el Superior Tribunal de Justicia, que ordenó a la fiscalía profundizar la investigación.

Carlos Vila, defensor de Germán Antilaf, también arremetió contra la causa judicial en duros términos: “se dejaron llevar por una cadena de suposiciones que no tienen elementos de prueba en la realidad”, objetó. En términos similares se pronunciaron los abogados Rubén Antiguala (José Jafri), y Marcelo Caraballo (de Néstor Cau).

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Antiguala sostuvo que la acusación contra su cliente “le produjo un daño enorme” desde lo personal, y se lo hizo “con pruebas débiles”. También advirtió que “tendrán que demostrar que mi cliente estuvo en el lugar del hecho, como afirma la fiscalía; que hicieron tarea de vigilancia; que la secuestraron y después le dieron muerte”. Sobre el particular, Vila comentó que “todavía no entiendo de lo que se acusa a mi defendido, porque la acusación es muy vaga e imprecisa”.

Caraballo – el único defensor oficial -, apuntó que el crimen de Otoño fue un hechoque espanta a la sociedad y que debe ser esclarecido, pero “no a cualquier precio”, buscando “a alguien para ocupar el casillero de culpable”. Reiteró la apreciación sobre la falta de pruebas y sostuvo que “no podrán sostener una condena en contra de Cau”, en estas condiciones.

Y enfatizó que “se omitieron pasos fundamantales, como la posible participación policial en el encubrimiento”.