La cabo que se encadenó en Neuquén amplió su denuncia y será recibida por un juez
La situación de la cabo Constanza Parra, quien días atrás se encadenó frente a la Casa de Gobierno para visibilizar su reclamo, suma nuevos capítulos de tensión en la Policía de Neuquén. El sábado, Parra amplió su denuncia ante la dirección de Asuntos Internos de la Jefatura, reiterando las graves acusaciones de corrupción, maltrato laboral y violencia de género dentro de la comisaría de Villa Pehuenia.
Hoy, en tanto, será recibida por el juez laboral de Zapala, Marcos Recupero, quien ya interviene en el caso y dispuso en su momento medidas cautelares de protección para la cabo. El magistrado había ordenado una prohibición de acercamiento contra el comisario Héctor Baigorria, uno de los principales señalados por Parra. Sin embargo, la medida fue de difícil aplicación, ya que Baigorria residía en una vivienda institucional contigua a la casa particular de la cabo en Pehuenia. Aunque ya abandonó esa residencia, se sabe que posee otras propiedades en la localidad.
La inquietud dentro de la fuerza crece ante versiones de que Baigorria estaría tramitando su retiro para evitar el avance de la investigación interna. Una situación similar atraviesa el oficial principal Rafael Villar, también denunciado, quien pese a una decisión administrativa que ordenaba su desarme y traslado a la capital neuquina, se mantiene en la ciudad de Zapala.
La cabo Parra denunció además que dos compañeros que testificaron en su favor fueron trasladados a Zapala en lo que se presume fue una represalia. Aunque el gobierno provincial, y la subsecretaria de Mujeres Lorena Barabini, había prometido revertir esas sanciones, hasta el momento no hubo avances concretos.
En su ampliación de denuncia, Parra expresó su temor por su propia seguridad y la de sus hijos, de 11 y 6 años, y exigió que se cumplan los compromisos asumidos por las autoridades. Su caso ha expuesto con crudeza las internas de la fuerza y la fragilidad de los mecanismos de protección para quienes denuncian abusos de poder y violencia institucional.
La reunión de hoy entre la cabo y el juez Recupero, gestionada en parte tras una comunicación telefónica entre el magistrado y el ministro de Seguridad Matías Nicolini durante la protesta, será clave para definir los próximos pasos en un expediente que ya genera alta preocupación política y social.