Proyecto de reforma laboral: Luz y Fuerza se declaró en estado de alerta

El sindicato de Luz y Fuerza de Río Negro y Neuquén se declaró en estado de alerta ante el envío del proyecto de reforma laboral al Congreso Nacional. Una reunión del cuerpo de delegados autorizó a la conducción a “adoptar todas las medidas necesarias” que se adopten en conjunto con la Federación de trabajadores del sector y la CGT.

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Mañana martes está previsto un encuentro de la Regional Alto Valle de la central obrera, justamente para analizar la situación y definir la estrategia a seguir: si convocar a una movilización local, en paralelo a la que se realizará en Buenos Aires, o sumarse directamente a la convocatoria nacional.

Antonio D’Angelo, secretario general de Luz y Fuerza, enfatizó que la iniciativa elaborada por el gobierno de Javier Milei “va en contra de los trabajadores y de las organizaciones sindicales”. Y comentó que se “están tocando derechos que costaron muchos muertos, mucho sacrificio de los trabajadores, como el tema de las vacaciones, el aguinaldo, las horas extras, las indemnizaciones por despido”.

El dirigente gremial cuestionó el pago en “especies”, como el ticket canasta, que se piensa volver a introducir en la regulación laboral: “al ser no remunerativo, es un pago que disminuye el promedio del salario a los efectos de la jubilación. Después, nos terminamos jubilando con la mínima, que no alcanza para nada”, enfatizó.

Antonio D'Angelo adelantó que el sindicato se sumará a las medidas adoptadas por la CGT. Foto: archivo.

El proyecto enviado al Congreso impone una reducción de los aportes patronales al sistema de obras sociales. Una medida que va a afectar seriamente el funcionamiento del sistema asistencial de los gremios y va a sobrecargar la atención del sistema público, adelantó.

En el caso de Luz y Fuerza, los afiliados del sindicato “están derivando aportes del sindicato a la Obra Social para que pueda seguir funcionando, porque de lo contrario no podría mantenerse después del 15 o 20 de cada mes”.

“Como las otras obras sociales, estamos en terapia intensiva. De lo dije a un gobernador: hoy aportamos un tres por ciento a la obra social; más un porcentaje que debe aportar la patronal. Pero los sueldos no se adecuan a la inflación y los costos y los insumos han aumentado hasta un 1.000 por ciento, por el libertinaje en que han dejado al sistema. Y esto es una cadena: si una obra social se cae, el trabajador va al sistema público de salud. Y se va a continuar recargando a los hospitales, que lo tienen que bancar los gobernadores”, enfatizó.