El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares
El Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de reforma para la ya existente Ley de Protección de Glaciares. Esta medida ha sido muy esperada y pretende revisar el marco establecido originalmente en 2010. Planteando modificaciones bajo el argumento de precisar criterios técnicos, la reforma busca conciliar dos pilares clave: el resguardo del medioambiente y el impulso productivo. La lógica detrás de los cambios propuestos es que la actual ley, promulgada hace más de una década, posee 'falencias interpretativas' que han desembocado en inseguridad jurídica, frenando potenciales inversiones y complicando la coordinación de competencias provinciales respecto a los valiosos recursos naturales.
La definición en vigor da cuenta de un glaciar como cualquier masa de hielo, sin importar su estabilidad o velocidad de movimiento. Incluso aquellas con presencia de agua dentro. De manera similar, se enmarca al ambiente periglacial como crucial en la regulación de recursos hídricos. Al considerar estas afirmaciones, el artículo 6 de la ley prohíbe una variedad de actividades incluyendo la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. Asimismo, prevé impedir la instalación de industrias y la construcción de infraestructuras potencialmente perjudiciales para los glaciares y sus aguas. En este contexto, la reforma trata de reajustar dichas restricciones para fomentar una mayor participación de inversión minera.
Entre los cambios clave, se busca ratificar la conservación de glaciares y los entornos periglaciales como esenciales "reservas de agua". Sin embargo, estos objetivos se entrelazan ahora con normas constitucionales representadas en los artículos 41 y 124.
Dichos artículos aseguran por un lado la custodia del medio ambiente y, por el otro, el derecho primerigenio que tienen las provincias sobre sus recursos naturales. Además, el proyecto reduce el Inventario Nacional de Glaciares a incluir solo aquellas formaciones que desempeñan funciones de relevancia hídrica comprobada.
Un concepto integrado en la reforma es el principio precautorio. Así, las formaciones geológicas que estén en el inventario conservarán su protección hasta que se pruebe lo contrario respecto a su inactividad hídrica. También se propone empoderar a las administraciones provinciales para que sean ellas quienes identifiquen y evalúen las condiciones de glaciares y ambientes periglaciales dentro de su jurisdicción.
En simultáneo a la presentación de esta reforma de ley, el ámbito legislativo se prepara para un debate sobre otra cuestión trascendental: el Presupuesto del año 2026. Una sesión especial está en agenda para este miércoles en la Cámara de Diputados, la cual promete ser el punto de arranque para la deliberación sobre el plan de gastos y distribución de recursos nacionales para el año próximo. Dos iniciativas Maestras presentadas por el Ejecutivo avizoran un cambio revelador en la política fiscal nacional.