Exintendente impugnó la condena por defraudación en una causa por viviendas

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, apeló la condena por defraudación a la administración pública durante la construcción de 12 viviendas mediante la contratación de cooperativas de trabajo. La fiscalía también presentó un recurso para que se revise la sentencia y se condene al exfuncionario por el desvío de fondos.

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Durante una audiencia que se realizó mediante la plataforma digital Zoom, las dos partes se presentaron ante el Tribunal de Impugnación para cuestionar el fallo de un tribunal de juicio. Los jueces Guillermo, Merlo Alejandra Berenguer y Juan Puntel condenaron a Reggioni a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos. En cambio, absolvió a Carina Marín – que era el nexo del municipio -, y a los tres presidentes de las cooperativas involucradas.

Reggioni cuestionó ahora esa condena: el defensor oficial, Rodrigo Martínez, planteó que la sentencia “es arbitraria” porque las pruebas presentadas en juicio “son insuficientes para poder sostener” la decisión. A su criterio, todo el enfoque del juicio partió “de una visión sesgada y parcializada”: se corresponden a las auditorías realizadas por una administración surgida en diciembre de 2015, de otro signo político, sobre las acciones concretadas por una gestión anterior, de 2014 y 2015.

Para el defensor, la causa “tiene un sesgo por una investigación fragmentada y claramente parcializada”, ya que no tuvo en cuenta “la continuidad del plan durante la gestión siguiente (de Mariano Lavín)”, período durante el cual “se autorizó un cuarto desembolso” para la construcción de las viviendas.

El caso en cuestión nace de un convenio entre el gobierno nacional y la administración del entonces intendente Reggioni, firmado en 2014, para la construcción de 12 viviendas utilizando cooperativas de trabajo. En diciembre terminó la gestión, cambió de signo político el gobierno nacional y el local, y en agosto se realizó una denuncia concreta. Para la fiscalía, de ese total de casas, seis no se habían construido; una se encontraba al 40 %; dos al 70 %; y tres estaban terminadas. Pero se habían rendido fondos por el 75 % del total.

La construcción de viviendas en Fernández Oro sigue siendo motivo de un expediente judicial. Flto: archivo.

Y allí empieza una diferencia de interpretaciones. La defensa sostuvo que la lista de beneficiarios en la que se basa la acusación “está desactualizada”, ya que algunos de los mencionados después renunciaron por diversas razones. Ante eso, se incluyó a otros vecinos de la localidad. El fiscal jefe, Gustavo Herrera, lo cuestionó: dijo que no tenía atribuciones para hacer cambios; y que se incluyeron a vecinos que habían recibido viviendas con anterioridad al hecho.Además, Herrera solicitó que se condene al exjefe comunal por “peculado”, ya que a su criterio, está demostrado que hubo “desvío de fondos” entre distintas cuentas: la específica del Banco Nación; y otra del municipio en el Banco Patagonia. Reggioni, en su descargo, argumentó que tenía una autorización del Concejo Deliberante: “las transferencias de Nación pueden demorarse entre seis y siete meses; en ese lapso, las obras deben continuar”, contó.

Además, pidió que se condene a Rita Marín, la mujer que había sido designada por Reggioni para la administración y seguimiento de los trabajos, como “partícipe necesaria” del hecho. En junio, el tribunal de juicio la había absuelto.