40 años de la Autoridad de Cuencas: el primer reconocimiento al dominio provincial de los ríos
En diciembre de 1985, las provincias de Río Negro, Neuquén y Buenos Aires lograron el primer reconocimiento de un gobierno nacional sobre su responsabilidad en el manejo de los ríos. “Las Provincias detentan el dominio público, inalienable e imprescriptible respecto de los ríos que forman las cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro” y les corresponde “el ejercicio de la jurisdicción sobre tales recursos”, resaltó el acuerdo. En el mismo, se decidió la creación de un organismo que debía encargarse del “manejo coordinado y armónico” del recurso: la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
Leé también: La AIC puso en funcionamiento una nueva estación meteorológica
El acuerdo fue rubricado por los gobernadores de Río Negro, Osvaldo Álvarez Guerrero; de Neuquén, Felipe Sapag; la vicegobernadora de Buenos Aires – en ese momento, a cargo del Ejecutivo-, Elva Roulet; y el ministro del Interior, Antonio Troccoli.
Todavía no se había dado paso a la Reforma Constitucional que hizo un reconocimiento explícito a la soberanía provincial sobre los recursos naturales, y los gobiernos regionales venían enfrentándose con las administraciones de la entonces Hidronor. La empresa estatal – responsable de la construcción de las grandes represas -, continuaba la vieja concepción centralista y no había espacio para escuchar opiniones en el territorio.
En ese diciembre de 1985 finalmente pudieron acordar que los estados provinciales “tienen el derecho exclusivo de reglar el uso” de estos recursos “a través de tratados entre todos ellos”. Y se aclaró que la Nación interviene “en virtud de los poderes que en la materia le fueron expresamente delegados”.
Una foto histórica: el presidente Alfonsín y los gobernadores Felipe Sapag y Osvaldo Álvarez Guerrero en 1985. Foto: gentileza.
La AIC debería encargarse del “manejo armónico, coordinado y racional del recurso”, tendiendo “a optimizar su uso y con ello propender al desarrollo regional”. La AIC sería un organismo democrático y horizontal, presidido por los tres gobernadores y el ministro de Interior, que se rotarían en la presidencia. Según el convenio, cualquier diferencia debería resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Reforma del texto constitucional en 1994 incluyó en su articulado el reclamo de mayor federalismo, reconociendo que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (artículo 124). Pero el convenio firmado en 1985 fue el primer paso y un gran avance para satisfacer los reclamos provinciales.
40 años en números
La cuenca presenta un régimen pluvio–nival que requiere planificación permanente, operación coordinada de embalses y administración equitativa del agua entre jurisdicciones.
La AIC mantiene 150 estaciones hidrometeorológicas, la red de monitoreo más completa del país. Esta información permite anticipar crecidas, emitir alertas, manejar embalses y planificar el uso futuro del agua con bases científicas.
Desde 1993, la AIC fiscaliza los contratos de concesión hidroeléctrica en materia de manejo del agua, protección ambiental y seguridad de presas, junto al ORSEP y la Secretaría de Energía. Este modelo interjurisdiccional garantiza una operación equilibrada, priorizando los usos esenciales: consumo humano, riego y producción.
A lo largo de cuatro décadas, la AIC consolidó un modelo de gestión basado en acuerdos, información confiable y cooperación entre provincias y Nación.